La Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) se disponía a definir en las próximas horas la situación del ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, requerido por la Justicia de su país por el asesinato de un senador.
El encuentro de la CONARE sería en la sede de la Dirección Nacional de Migraciones, al tiempo que no se confirmó si esta será la única audiencia por el pedido de Apablaza para ser considerado refugiado político o habría otras.
Según publicó el diario trasandino La Tercera, si la Comisión otorga el refugio, la decisión no sería apelable en la Justicia, aunque el Estado chileno apostaría a una «solución administrativa».
El abogado argentino que representa al Estado chileno, Gustavo Gene, realizó una presentación ante la Conare.
En ella afirmó que Chile es parte interesada en el proceso de solicitud de la calidad de «refugiado político» de Apablaza, pues se le afectan derechos subjetivos, al atribuírsele al Estado una supuesta persecución política.
De admitirse este trámite, según fuentes cercanas al proceso, el Estado chileno podría apelar a un posible dictamen de refugio de la Conare.
En el escrito, Chile también pide que se informe al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) –que tiene voz, pero no voto en el organismo- sobre la solicitud, para que la ONU esté al tanto de sus alcances.
En tanto, el Senado chileno aprobó por unanimidad un proyecto que respalda la petición de extradición.
En tanto, trascendió que el embajador chileno en esta capital, Adolfo Zaldívar, viajará mañana a su país para reunirse con la cúpula del partido derechista UDI, del que era miembro el senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991, e informar del caso.
La CONARE fue creada en 2006 y según la normativa que la creó, la determinación de la condición de refugiado se considera como un acto humanitario y apolítico.
Para la CONARE, el reconocimiento de la condición de refugiado no comporta, de parte de las autoridades, un juicio respecto al país de origen del refugiado.
El organismo opera dentro del ámbito del Ministerio del Interior, pero está conformada por integrantes de esa cartera y también de la Cancillería, así como de las carteras de Justicia y de Desarrollo Social.
También participa el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y están presentes con voz y sin voto un representante de la sociedad civil así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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