Impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, la iniciativa busca consolidar un ecosistema sostenible entre el Estado, empresas y organizaciones sociales, a través del acompañamiento integral a personas que estuvieron privadas de la libertad y a sus familias.
"Nos llama la atención el entendimiento de que la salida no solo se logra con mejorar la persecución penal y las políticas de seguridad, sino que es también en paralelo, acompañando estos procesos", dijo Soques
Por Camila Reciuto/ Especial para El Ciudadano
Con el objetivo de consolidar una política de Estado que trascienda las gestiones de gobierno, la Provincia de Santa Fe formalizó el lanzamiento de la Red Creer Santa Fe. La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, plantea un abordaje territorial e intersectorial para garantizar la inclusión socioeconómica de personas privadas de la libertad, liberadas y sus entornos familiares.
La Red Creer es un espacio colaborativo de alcance nacional que agrupa a más de 160 organizaciones de los sectores público, privado y social. Su desembarco formal en la provincia busca articular las herramientas estatales existentes con el compromiso del sector empresarial e instituciones civiles de Santa Fe y Rosario.
Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, destacó que la llegada de la red se enmarca en la estrategia provincial de prevención social de la violencia: “El objetivo es poder dejar una capacidad instalada, una red específica en Santa Fe, y en Rosario en especial, generando concientización y capacitación entre empresas privadas, las cámaras empresariales, asociaciones empresariales, organizaciones sociales y el sector público. Queremos que esto se convierta en un ecosistema que trascienda a los funcionarios circunstanciales y que pueda convertirse en una política de Estado garantizada también desde el afuera, con organizaciones sociales y empresas que entiendan y que se comprometan en este sentido”.
El esquema conecta de forma directa dos programas clave de la Secretaría: el Programa Reintegrarse, coordinado por Natalia Lapolla, donde en la primera etapa se dictan talleres culturales, recreativos y de oficios dentro de los penales, alcanzando a 1.000 personas sobre una población penitenciaria total de 12.000. En la segunda etapa, a través del Dispositivo Enlace, se busca el acompañamiento singular de cada una de las personas en el afuera (dónde va a vivir, qué va a hacer y la búsqueda de un centro de salud laboral).
Por su parte, el Programa Germinando crea unidades productivas para la inclusión socioproductiva de personas en situaciones de alta vulnerabilidad y personas privadas de la libertad en su proceso de salida.
“A las cooperativas las acompañamos, a lo mejor, con una inversión primaria para comprar insumos o maquinaria, o acompañamos con un monto, por ejemplo, para alquilar algún galpón o espacio físico donde trabajan, o con becas para aquellas personas; de alguna manera, apalancamos a estas cooperativas. La idea nuestra siempre es que puedan llegar a un estadio en el que no tengan que depender de fondos del Estado. Hay algunas cooperativas que ya están en un proceso, intentando ser autogestivas. Ese acompañamiento nosotros también lo hacemos con cuestiones que tienen que ver con enseñar marketing o cuestiones contables, porque justamente la idea es que en algún momento se independicen del Estado”, profundizó Soques.
A estos programas se suma la estrategia Familias Priorizadas, que brinda acompañamiento directo a los entornos familiares afectados por situaciones de violencia, consumos problemáticos o procesos penitenciarios.
“Lo que busca Familias Priorizadas, a través de los equipos territoriales, es hacer un acompañamiento sumamente cercano, interactuando con otras áreas del Estado. Acompañamos a la persona en sí, pero también a todo el contexto familiar”, explica Natalia Lapolla.
El plan de trabajo junto a la Red Creer se desplegará a lo largo de un año e incluirá capacitaciones gratuitas en modalidades virtual, presencial e híbrida, estructuradas en cuatro ejes centrales:
Transformación cultural: Orientado a equipos de prensa y comunicación, busca fomentar la sensibilización y erradicar estigmas en la cobertura sobre personas privadas de la libertad o liberadas.
Primeros auxilios psicológicos y habilidades socioemocionales.
Habilidades técnicas e inclusión laboral: Desarrollado en dos vertientes, una dirigida al sector empresarial y otra a organizaciones sociales, con el fin de brindar herramientas concretas para el mundo del trabajo.
Justicia penal juvenil: Un módulo específico que se encuentra en la etapa final de diseño.
Los talleres de la primera fase se dictarán entre octubre y diciembre, mientras que la segunda etapa se llevará a cabo el próximo año. Al finalizar los cursos de habilidades técnicas, se implementará un esquema de intermediación laboral para 20 participantes, quienes recibirán un acompañamiento personalizado para lograr su inserción socioeconómica, ya sea a través del empleo formal o de alternativas autogestivas de generación de ingresos para sus familias.
Uno de los aspectos más destacados por las autoridades es la respuesta positiva de las cámaras y asociaciones empresarias de la región.
“En las empresas hay una comprensión muy clara y un acompañamiento cuando llevamos esta propuesta. Nos llama la atención el entendimiento de que la salida no solo se logra con mejorar la persecución penal y las políticas de seguridad, sino que es también en paralelo, acompañando estos procesos. Lo resalto porque es algo extremadamente positivo y que debería llenarnos de orgullo como rosarinos”, expresó el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales.
Lejos de limitarse a la contratación directa, la alianza público-privada explora nuevos modelos de apoyo. Entre los proyectos en marcha, Soques anticipó que se está diseñando una unidad de venta en un importante centro comercial (shopping) de la región, donde entre 10 y 15 cooperativas podrán exhibir y comercializar productos de alta calidad, dándoles escala e independencia económica del Estado.
La reinserción social de quienes recuperan la libertad tras un período de encierro trasciende la mera firma de un convenio o la asignación de un curso. Requiere, fundamentalmente, de un proceso profundo de reconstrucción personal y la incorporación de pautas cotidianas que faciliten la convivencia y el trabajo. Para que este tránsito sea sostenible y no genere frustraciones, el Estado provincial dispone de duplas de acompañamiento especializado que guían tanto a la persona liberada como a las empresas e instituciones que abren sus puertas.
“Entendemos que los procesos son conjuntos y que, muchas veces, las personas cuando salen de contexto de encierro tienen que, en principio, hacer un rearmado subjetivo y de cada una de sus historias. Posteriormente, el objetivo tiene que ver, ni más ni menos, con las cuestiones de hábitos. En todo este proceso, donde nosotros pretendemos el trabajo junto con los sectores privados, hay un acompañamiento de duplas especializadas. Eso también tiene que ver con la Red Creer, y la capacidad que tiene para brindarle herramientas a los sectores privados y de poder trabajar con esta población”, señaló Natalia Lapolla, coordinadora del Programa Reintegrarse.
Durante décadas, las propuestas de inserción postpenitenciaria se limitaron a oficios tradicionales como la carpintería, la albañilería o la panificación. Sin embargo, en un entorno donde la subsistencia informal se traduce en puestos de venta rápida en los barrios —que aportan ingresos inmediatos pero insuficientes para la sostenibilidad familiar—, la estrategia viró hacia la innovación y la economía circular.
“Por ejemplo, está la Cooperativa Tau, que trabaja con reciclado de productos informáticos, y la Cooperativa Programa Espuma, que funciona a partir del reciclado de aceite. Trabajamos con muchas cooperativas diferentes de acuerdo a las nuevas necesidades”, explicó la coordinadora del Programa Reintegrarse.
El éxito de este abordaje integral, que combina la reconstrucción del proyecto de vida individual con alternativas productivas adaptadas a las exigencias contemporáneas, se traduce en indicadores clave para la seguridad y la convivencia comunitaria. El seguimiento cercano en el territorio demuestra que cuando la articulación intersectorial funciona, el retorno al circuito delictivo disminuye.
“Nunca lo cuántico refleja los procesos individuales de estas personas, pero a veces ayuda a entender. De la población que nosotros venimos acompañando con el Dispositivo Enlace, el 92% no ha vuelto a reincidir”.
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