El portavoz Adorni afirmó que a las 60 casas de estudios superiores le adicionarán un 270% a los gastos de funcionamiento, una fracción menor de sus presupuestos totales. Es el mismo incremento pactado en soledad con la UBA, que generó contundente rechazo
El Gobierno anunció este martes que llegó a un acuerdo con los rectores de todas las universidades públicas nacionales para aumentar el presupuesto de gastos de funcionamiento, un porcentaje menor del presupuesto total de las casas de estudios superiores.
Al comienzo de su rueda de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni precisó que alcanzaron un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) «para recursos en términos de gastos de funcionamiento que son los necesarios».
«Con este ajuste la idea es que finalmente terminemos con el desacuerdo en términos presupuestarios», enfatizó el portavoz días después del malestar generado por un incremento que sólo incluyó a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Adorni señaló que el incremento, «de no mediar ninguna complicación, se va a estar firmando a partir del día lunes».
Los montos con los que se manejan las universidades públicas están congelados según el presupuesto nacional 2023, diseñado en octubre de 2022. Por la licuación inflacionaria, los rectores advirtieron que con ello sólo podrían mantener las actividades mínimas hasta mayo. Esa parte de la motosierra fue puesta en entredicho con la masiva movilización universitaria, acompañada por n amplio abanico de organizaciones, partidos y parte de la sociedad, del pasado 24 de abril último.
Tras acusar una captación opositora de esa marcha, el Ejecutivo nacional acordó un incremento sólo con la UBA: una actualización del 270% (26.016.488.265 pesos) para sus gastos de funcionamiento y 300% (35.436.785.336 pesos) para sostener los seis hospitales que gestiona. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, todos los rectores), expresó con contundencia el malestar por ese arreglo parcial, sospechado de nuevo intento de dividir el frente universitario y, desde otros ámbitos, de ser un toma y daca por votos a la ley Bases en el Senado. Ahora, el Gobierno anuncia la adecuación de los giros a todas las casas de estudio por el mismo porcentaje: 270%. Y con ello, aunque no exlícitamente, reconoce que los reclamos no eran falsos, como insistió incluso afirmando que había mal aprovechamiento del dinero y hasta corrupción.
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