La iniciativa llegó al recinto luego de varias idas y vueltas entre Cambiemos y el Bloque Justicialista en torno al contenido de la misma y uno de los puntos de discusión de la sesión de este miércoles será la habilitación para que los sindicatos también puedan ser aportantes
El Senado de la Nación debatía este martes el proyecto de financiamiento de los partidos políticos que autoriza a las empresas a realizar aportes de campaña, aunque todavía no hay consenso sobre el texto definitivo.
El proyecto llegó al recinto luego de varias idas y vueltas entre Cambiemos y el Bloque Justicialista en torno al contenido de la iniciativa y uno de los puntos de discusión de la sesión de este miércoles será la habilitación para que los sindicatos también puedan ser aportantes.
El oficialismo se opone a esa posibilidad, mientras que el peronismo entiende que la prohibición que pesa sobre las asociaciones sindicales se debe levantar, al igual que se hace con las empresas.
Por tratarse de un tema electoral, el proyecto debe ser aprobado por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del pleno de la Cámara alta (37 votos).
La iniciativa modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y, entre sus puntos principales, autoriza a las empresas a realizar aportes de campaña (algo prohibido en la normativa vigente) por hasta el 2% del total de gastos autorizados.
Además, el proyecto establece la bancarización y trazabilidad de los aportes de campaña.
También modifica la lista de prohibiciones, al establecer que no podrán realizar aportes los contratistas de servicios y obra pública y las personas «imputadas en un proceso penal», quienes no están incluidos en el listados de la ley actual.
En este punto, el proyecto del Bloque Justicialista elimina a las asociaciones sindicales como sujetos excluidos del esquema de aportes y de esta forma, habilita a los sindicatos a financiar campañas políticas.
Sin embargo, de no contar con los 37 votos necesarios, los sindicatos quedarían excluidos porque así lo determina la legislación vigente.
Por otra parte, el proyecto reduce a la mitad el espacio gratuito cedido por los medios audiovisuales para propagando electoral: actualmente es el 5% del tiempo total de programación pero a partir de 2020 sólo el 2,5% será gratuito, mientras que el resto será considerado «pago a cuenta de impuestos nacionales».
Además, incorpora a la Ley de Financiamiento el «registro de cuentas oficiales» de redes sociales de partidos y candidatos, que será elaborado por la Cámara Nacional y se regula la publicidad en medios digitales con recursos públicos.
En este sentido, la iniciativa indica que «del total de los recursos públicos» destinados a publicidad digital «al menos un 35%» deberá destinarse a sitios periodísticos de producción nacional y «al menos otro 25%» a los de producción provincial.
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