La denuncia fue presentada por el Cels, que apunta que el PIN habilita tareas de inteligencia sobre cualquier persona o grupos sociales críticos que cuestionen al gobierno. Señalan que viola la ley Nacional de Inteligencia
El interventor de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y su número dos en el organismo, Diego Kravetz, fueron denunciados por abuso de autoridad este jueves por el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por el Gobierno de Javier Milei.
La denuncia, que recayó en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, fue presentada por la asociación de derechos humanos CELS, quienes sostienen que el Señor 5 y su par habilitaron tareas de inteligencia sobre personas y grupos por razones políticas.
“Habilitan la vigilancia sobre grupos sociales vulnerables, manifestantes, referentes políticos y sociales críticos, pueblos indígenas, ambientalistas, periodistas, artistas y cualquier actor que cuestione al Gobierno o que los funcionarios de la SIDE consideren ‘amenazas’”, expresó el CELS en X.
Si bien el PIN es secreto, fue revelado en parte por el periodista Alconada Mon en La Nación y por la revista Crisis. En los fragmentos publicados por estos medios resultan alarmantes algunos apartados que ordenan “vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales”, afirma el CELS.
En el nuevo Plan de Inteligencia, la SIDE “habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica”, analiza el organismo de derechos humanos.
“El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas —grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados—”, señalaron y explicaron que la SIDE pone la mirada en esas situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos.
También denuncian que el PIN habilita la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas para los planes del Gobierno. “Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el Gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas”, señalaron. De acuerdo al organismo, el PIN es contrario a la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
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