“Si la idea es que se los vendan a privados, para nosotros es una oportunidad”: Schmuck se sumó a la puja de Puerto Norte

“Tenemos un plan desde hace muchos años para lo que se llamó en su momento la Unidad de Gestión 3, y fue imposible con los gobiernos nacionales durante los últimos diez años desburocratizar la cesión de esos terrenos, que pretendíamos que se los cedan a la Municipalidad”, dijo este martes la titular del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, quien sumó su voz al intenso ruido político –y económico– que generó en Rosario el anuncio del gobierno del presidente Javier Milei de enajenar centenares de propiedades del Estado nacional, entre ellas tres predios de Puerto Norte. Para la integrante del oficialista bloque de Arriba Rosario, el anuncio de venta a privados es “una oportunidad” para la ciudad, y remarcó que quien fija las condiciones para lo que allí pueda construirse es el Ejecutivo local y el cuerpo legislativo.

Schmuck coincidió con la visión del propio intendente Pablo Javkin, quien tomó como una buena noticia la venta de los predios sobre la costa del Paraná a privados, ya que sostuvo que ahora están “abandonados” y “ocupados con chatarrerías que venden cosas robadas”, y con la operación se habilita a “construir vivienda para la gente buena de la ciudad, que quiere y tiene que poder vivir en los lugares tan lindos que tiene la ciudad”.

El gobierno de Milei puso en venta más de 80 mil metros cuadrados terrenos de Puerto Norte, a los considera “innecesarios para la gestión”. La decisión nacional encendió un intenso debate político local, que recién comienza.

“Si la idea es que se lo vendan a privados, para nosotros es una oportunidad”, coincidió Schmuck. Y remarcó. “El Concejo es el que pone los indicadores, es el que fija el uso del suelo. Si hay privados que lo adquieren, nosotros ajustaremos los deseos de esos privados al proyecto que el Concejo defina, por supuesto que es el proyecto del intendente”, abundó.

La concejala radical sostuvo, además, que el municipio tiene un proyecto de “desarrollo urbano” pensado “en algún momento”, que “no necesariamente” tiene que tener las mismas características ahora. Y sostuvo que en el momento actual, un plan urbanizador en la zona tendría más sustento en “la construcción de viviendas para clase media, y tratar de integrar todo ese espacio a lo que hoy es la fisonomía de Puerto Norte, y que no sea sólo torres”.

Schmuck dijo que va a “trabajar junto con los que adquieran esos terrenos para fijarle las condiciones”, aclarando que “nadie va a poder construir lo que quiera ahí”.

“Va a ser lo que defina la Municipalidad y el Concejo Municipal”, insistió.

Schmuck tomó distancia respecto de la visión de la ex intendenta y actual diputada nacional Mónica Fein, quien no tiene dudas de que se trata de “un negocio inmobiliario para los amigos”. La definición, que publicó en X (ex Twitter), preanuncia intensas presiones para limitar o debilitar, justamente, lo que Schmuck considera clave. “Lo que le impedimos hacer al negociado de Julio de Vido durante los gobiernos kirchneristas, lo intenta Javier Milei en época libertaria”, sostuvo, refiriéndose al ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque pasando por alto los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri.

También se expresó la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, empujando el papel del Estado por sobre el interés privado: “Si bien la ley plantea la posibilidad de transferir tierras a término oneroso y gratuito siempre que sean de uso público, está el caso de Granadero Baigorria, donde en tierras nacionales se hizo la operatoria del Procrear. Esta es la mirada que debe primar. El recurso tierra en Rosario es de los más escasos, y como ciudad tenemos que dar batalla”, subrayó Gigliani.

Y el concejal Carlos Cardozo, del PRO, recordó que al menos un sector de los terrenos a la venta se haría con legítimos ocupantes en proceso: “Los dos más complicados de los seis a la venta son los del triángulo Caseros, Francia y Junín: ahí están los asentamientos dentro de los polígonos de Barrios Populares. Hay un conflicto judicial allí. Si querés sacar del lugar el asentamiento tendrás más de 68 familias, que son los censados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Y otro tema es la cooperativa Trechel. Anunciar sin saber cómo resolver, es apresurado”, planteó el edil.