La última audiencia antes del juicio oral comenzó el pasado 30 de marzo y continuará las próximas jornadas en el Centro de Justicia Penal. La Fiscalía culminó la investigación y detalla la responsabilidad de la estructura criminal en los asesinatos de dos taxistas, un colectivero y un playero, cometidos como respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención en cárceles
A dos años de los cuatro crímenes al azar de trabajadores que paralizó la ciudad, 14 acusados están transitando desde el lunes 30 marzo la audiencia preliminar al juicio oral donde la los fiscales Franco Carbone, Patricio Saldutti y Adrián Spelta, junto a la fiscal Romina Cocomazzi, de la Unidad de Responsabilidad Adolescente, presentan las pruebas en su contra como los testigos que participarán del juicio. De las audiencias anteriores se conoció que la Fiscalía adelantó que pedirá la pena de prisión perpetua.
El tribunal a cargo de presidir estas jornadas está integrado por los jueces Alejandro Cardinale, Paula Álvarez y Gustavo Pérez de Urrechu.
Durante estas audiencias, los fiscales presentaron los indicios que recolectaron sobre los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del chofer de la línea K Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich.
Según la investigación, estos ataques fueron organizados para presionar al gobierno provincial tras el endurecimiento de los controles en los pabellones de presos de alto perfil en las cárceles santafesinas.
La Fiscalía sostiene que los crímenes fueron orquestados por dos células con mandos en las cárceles de Piñero y Coronda. Alejandro Isaías «Chuky Monedita» Núñez, de 30 años, y Maximiliano «Menor» González, de 32 años, están señalados como los principales instigadores desde sus lugares de detención.
Junto a ellos, se encuentran acusadas Brenda «Cote» Pared, señalada como el nexo con el exterior, y Johana Albornoz, de 33 años, vinculada al pago de los ataques.
La lista de personas para las que se pide la máxima pena incluye también a quienes participaron en la logística y ejecución de los ataques: Gustavo Márquez (32), Macarena Muñoz (29), Joana García, Alejandro Cantero (46), José Maturano (43), Axel Rodríguez (21) y Axel Ignacio Herrera (20).
Además de los mayores, la causa involucra a tres menores de edad y a un adolescente, de 15 años, identificado como D. G., quien se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Niñez por ser no punible.
El primero de los asesinatos fue el del taxista Héctor Figueroa (43) y lo cometieron el martes 5 de marzo de 2024 a las 22.30 en Flammarión al 5100, de la zona sur. La víctima fue acribillada de nueve balazos dentro de su taxi tras realizar un viaje desde Uriburu y Oroño. Están imputados: Alejandro Isaías «Chuky Monedita» Núñez (instigador); Brenda Pared, Gustavo Márquez, Macarena Muñoz y Johana Albornoz (coautores).
El segundo de los crímenes fue el del otro taxista Diego Celentano (33). Le pidieron un viaje a la radio el miércoles 6 de marzo de ese año y a las 23 lo mataron de un disparo en la esquina de Alvear y Garmendia, cerca de las piletas del Saladillo. La investigación detalló que la ejecución idéntica a la anterior, realizada con la misma arma y balas pertenecientes a la Policía de Santa Fe. Los imputados son: Alejandro Isaías «Chuky Monedita» Núñez (instigador); Brenda Pared, Gustavo Márquez, Macarena Muñoz y Johana Albornoz (coautores).
El chofer de la línea K, Marcos Daloia (39), fue la tercera víctima fatal. El crimen fue la tarde del jueves 7 de marzo en Mendoza y Guatemala. Un solitario gatillero se subió en la parada y abrió fuego contra el chofer, quien falleció a los tres días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Por este hecho fueron imputados: Maximiliano «Menor» González (instigador); José Maturano (conductor de la moto) y Axel Rodríguez (coautor).
El cuarto de los asesinatos fue el del playero Bruno Bussanich (25) a las 23.30 del sábado 9 de marzo de 2024 en la Estación de servicio Puma, Mendoza al 7600. E l adolescente (D. G., de 15 años) ingresó a la oficina de la estación y disparó contra el playero. Los imputados son: Maximiliano «Menor» González (instigador); Alejandro Cantero (logística y traslado), Axel Rodríguez, Axel Herrera, Gustavo Márquez, Macarena Muñoz, Brenda Pared y Joana García (coautores).
La Fiscalía ha dividido la acusación según la influencia de los dos líderes que operaban desde sus lugares de detención: A Chuky Monedita Núñez le atribuyeron la instigación de dos homicidios consumados y otros hechos de intimidación.
Bajo su mando operaba la célula que ejecutó a los taxistas Figueroa y Celentano, además del ataque contra la comisaría 15ª. Se lo acusa de enviar las directivas a través de su pareja, Brenda Pared, durante las visitas en la cárcel de Piñero.
A Menor González, en tanto, lo acusaron por la instigación de dos homicidios consumados (Daloia y Bussanich) y un intento de homicidio. González coordinó desde el penal de Coronda la estructura que atacó al colectivero de la línea K, al playero de la estación Puma y el ataque fallido contra un chofer de la línea 122.
A su vez, la fiscalía describió los resultados de los peritajes que llevaron a cabo para establecer que en la célula de Núñez (caso de los taxistas) intervinieron su pareja Brenda Pared, Axel Rodríguez, Gustavo Márquez, Joana García, Macarena Muñoz y Johana Albornoz. Esta última es señalada específicamente por realizar los pagos de 200 mil pesos a los menores de edad involucrados en las ejecuciones.
En la célula de González (caso colectivero y playero) están Alejandro Cantero (acusado de los disparos al 122 y traslado del autor del crimen de Bussanich), Axel Herrera (ejecutor del ataque a Daloia), José Maturano (conductor de la moto en el caso Daloia) y Axel Rodríguez (partícipe en el caso del playero).
En esta etapa de la audiencia preliminar, los fiscales presentan los resultados de las pericias caligráficas sobre los mensajes dejados por los atacantes y el análisis de los celulares secuestrados. También evalúan las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los momentos de los disparos y los recorridos realizados por los vehículos utilizados en las fugas.
Una vez finalizada esta instancia, los jueces Cardinale, Álvarez y Pérez de Urrechu deberán decidir si elevan la causa a juicio oral y público.
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