El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos manifestó un enérgico rechazo al proyecto de ley titulado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, promovido por la gestión provincial de Unidos. A través de un comunicado emitido durante el debate de la iniciativa en la Cámara de Diputados de Santa Fe, la entidad calificó la propuesta del Ejecutivo como un retroceso en materia penal y sostuvo que contiene medidas incompatibles con los marcos garantistas de la Constitución Nacional y de la propia carta magna santafesina.
Las objeciones se formalizaron en el marco de una audiencia y plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En esa instancia, distintas entidades civiles, organizaciones sociales, colegios profesionales e instituciones públicas expresaron duras observaciones técnicas a la norma, coincidiendo en señalar su inconstitucionalidad. A estas voces se sumó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que también aportó cuestionamientos sobre el alcance de las facultades policiales propuestas.
Entre los puntos de mayor controversia, el documento del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos advierte sobre reformas al Código Procesal Penal que habilitarían interrogatorios policiales sin defensa técnica, allanamientos sin orden judicial previa y la extensión a 48 horas de la detención por averiguación de antecedentes. Asimismo, cuestionan la posible validez probatoria otorgada a procedimientos ilegales y la ampliación de facultades para realizar tareas de inteligencia policial sin fiscalización adecuada.
El pronunciamiento hace especial foco en la eventual creación de las “Zonas de Intervención Policial Especial”. De acuerdo con la organización, la figura permitiría limitar la circulación en la vía pública, establecer controles de acceso y disponer restricciones horarias, un esquema cuyas atribuciones compararon con la declaración de un estado de sitio prescindiendo de sus resguardos institucionales.
Desde la agrupación señalaron además que la iniciativa colisiona con el texto constitucional reformado recientemente en la provincia. “Lo sorprendente y paradójico es que todas estas antidemocráticas propuestas violentan la mismísima Constitución Provincial sancionada durante su mandato”, expresaron, al tiempo que llamaron a los legisladores a no aprobar un esquema que asocian con prácticas de etapas autoritarias de la historia argentina. La discusión de la norma continúa en el ámbito parlamentario, en medio del debate sobre el balance entre las herramientas de la gestión de Maximiliano Pullaro contra el delito y el resguardo de las garantías individuales.
