Sin acuerdo en el oficialismo, Diputados postergó el debate del paquete de leyes de seguridad

La Cámara de Diputados de Santa Fe no logró este jueves avanzar con el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La sesión, convocada para las 10 con tratamiento preferencial, comenzó cerca de las 16 tras una mañana de negociaciones y rápidamente pasó a un cuarto intermedio. Ante la falta de consenso para tratar un dictamen, el oficialismo resolvió postergar por una semana el tratamiento del proyecto de «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», la iniciativa más resistida de los tres mensajes enviados por el Ejecutivo.

El diputado Emiliano Peralta, del bloque Somos Vida, fue quien confirmó la postergación y explicó que no se alcanzó ningún acuerdo: «En el día de hoy, pese a que el proyecto tenía una preferencia acordada para su tratamiento, no hay dictamen, no se ha logrado ningún consenso dentro del interbloque Unidos ni tampoco con la oposición». Una opción es que el proyecto se discuta el 5 de noviembre aunque también hay chances de que pase a la sesión del 19.

Las diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, especialmente entre radicales y socialistas, fueron el obstáculo central. Desde el socialismo persistían los reparos en avanzar con mayores facultades para las fuerzas de seguridad, mientras que desde el radicalismo se ofrecían alternativas de redacción que no fueron suficientes. Los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni habían estado el miércoles dos horas en la sala Miguel Lifschitz respaldando el texto original del Ejecutivo, pero ese respaldo no alcanzó para unificar posiciones.

Desde el peronismo, la diputada Lucila De Ponti también vinculó la postergación a la falta de acuerdo interno y cuestionó el contenido de la reforma: «No hay acuerdo en el oficialismo por el nivel de tensión que genera la gravedad de las disposiciones que están incluidas en esta ley». Según la mirada del peronismo, varios artículos son inconstitucionales y podrían ser impugnados ante la Corte Suprema provincial y de la Nación.

A diferencia del proyecto de «Herramientas», la Cámara sí avanzó con otros dos mensajes del Ejecutivo. Se aprobó la ley de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos -destinada a combatir el mercado ilegal de celulares- y la modificación del artículo 21 bis de la ley N° 13.014 del Servicio Público de la Defensa Penal.

El proyecto aprobado crea un registro provincial de comerciantes de telefonía celular: quienes se dediquen a la compraventa, canje o reparación de equipos usados deben registrarse obligatoriamente y consignar en cada operación el código IMEI, marca, modelo y datos del vendedor, para que las autoridades puedan rastrear el origen de los equipos.

Al mismo tiempo, se faculta a la policía para inspeccionar en la calle el IMEI de los teléfonos de los ciudadanos, con el fin de detectar equipos robados o con números alterados. Este aspecto de la norma fue lo que más críticas generó en todo el arco opositor.

El gobernador Pullaro había defendido el paquete este miércoles. Tras un acto de ascensos del Servicio Penitenciario, Pullaro respondió a quienes califican de inconstitucional la reforma: «Que estudien la Constitución». Y agregó: «Yo no voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional».

El mandatario apuntó sus críticas contra la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, a la que acusó de tener un solo objetivo: «defender a los delincuentes que hace tres años mandaban a matar, a extorsionar y les pagaban sus honorarios». Volvió a instalar las expresiones «garantismo bobo» y «justicia ingenua», y sostuvo que «durante mucho tiempo se romantizó el delito en Santa Fe y en la República Argentina». Respecto de las observaciones de la Corte Suprema provincial, minimizó las diferencias: «Se está planteando medir algunas garantías y lo vamos a hacer».