Sin fin: Adorni no es más funcionario, pero el Estado le sigue pagando custodia policial

Manuel Adorni ya no es funcionario público pero tiene custodia policial por decisión de Javier Milei. Lo reconoció este martes el Gobierno a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Ravier admitió que el ex jefe de Gabinete tiene guardaespaldas pagados con fondos públicos «por motivos de seguridad». La admisión fue tras denuncias sobre ese hecho y el vocero respondió de esa manera, sin detalles, a una pregunta periodística. «Por motivos de seguridad por ahora se mantienen la custodia», dijo.

Nada que indagar

En la conferencia de prensa hubo más preguntas sobre Adorni. Por ejemplo, si el Ejecutivo había impulsado alguna instancia de investigación administrativa sobre el ex vocero y ex coordinador ministerial al margen del trámite judicial. Ravier negó esa posibilidad.

«Estas personas tienen que declarar en la Justicia. No tenemos internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y llevará adelante todo», contestó el portavoz presidencial.

Además, Ravier negó que el mantenimiento de la custodia para Adorni sea un trato de privilegio para quien ya no integra el Ejecutivo. Y agregó la frase hecha que ya no convence: «Este gobierno no es casta. Este Gobierno gobierna para la gente», esgrimió sin más explicaciones.

La última aparición pública del ex vendedor de autos que multiplicó su patrimonio desde que llegó a la función pública fue el martes pasado. Estuvo en la ceremonia de jura de su sucesor, Diego Santilli, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Al terminar la ceremonia, salió del edificio en una camioneta oficial acompañado por su custodia hacia su departamento en Caballito.

Adorni renunció cuando la investigación judicial en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito ya había generado un daño insostenible para el oficialismo. El juez federal Ariel Lijo, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, le prohibió salir del país sin antes tramitar una «autorización expresa». Es que hay temor de que pueda «fugarse».