Sobrefacturación y facturas fantasmas: imputaron a trece policías y cuatro civiles por el fraude con vouchers de combustible

Fotos: Juan José García

Trece policías de Unidad Regional II del departamento Rosario y cuatro civiles fueron imputados este martes en la causa por la malversación de 45 millones de pesos mensuales en recursos del Estado provincial en la carga de combustible de los patrulleros. La Fiscalía dio a conocer información obtenida de la caja negra del área de seguridad y reveló las maniobras de los involucrados. La audiencia pasó a cuarto intermedio luego de que el juez Gustavo Pérez de Urrechu validara la acusación.

La audiencia comenzó a las 8 en el Centro de Justicia Penal de Rosario donde la acusación estuvo a cargo del fiscal José Luis Caterina, quien expondrá los indicios recolectados a lo largo de estos 10 meses de investigación por la sustracción de caudales pertenecientes al Estado provincial bajo una doble modalidad defraudatoria: la sobrefacturación de cargas reales y la facturación de cargas ficticias jamás realizadas.   

La mayoría de los uniformados están sospechados de cometer los delitos de peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario y cohecho pasivo. También algunos están investigados por falsedad ideológica con diferentes grados de participación. 

Los policías que llegan a la audiencia fueron identificados como el comisario Rodrigo Domínguez (jefe Secretaría Privada de la Unidad Regional II); comisario supervisor Gerardo Ramírez (jefe Garaje URII); comisario Juan Pablo Pigozzi (jefe de la Brigada de Orden Urbano BOU); el inspector Mario Brest y el comisario Fabián Fantín (jefe y subjefe de Caballería y Perros); inspector Juan Alberto Villordo (encargado de combustible de Motorizada); inspectora Nancy Plomer (por fuera de la órbita del combustible pero habilitada por su pareja López); inspector Franco Cuesta (como jefe de Logística de la Policía de Investigaciones PDI); subinspector Javier Arce (por Cuerpo Guardia Infantería); subinspector Jorge Delgado (por División Logística); subinspector Fernando Ceballos (por el Grupo Táctico Multipropósito); subinspector Gustavo Bazán (Garaje) y el subinspector Sergio “Pata Corta” López (encargado del combustible por Comando Radioeléctrico).   

Mientras que los civiles, pertenecientes a la empresa Gas Auto Tiferno SA. que explota la  estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900 utilizada para la malversación de fondos y que se encuentra clausurada son: Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R. Estos están sindicados por los delitos de peculado de caudales públicos, cohecho activo y defraudación con diferentes grados de participación.  

La causa se conoció hace más de una semana en el marco de una conferencia de prensa que brindaron el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, el fiscal Regional Matías Merlo y el fiscal José Luis Caterina en la que revelaron que hicieron 38 allanamientos en el que quedaron demorados una veintena de policías y los cuatro civiles por el robo de 45 millones de pesos mensuales, sobre un total de 380 millones asignados mensualmente a la flota de móviles policiales que ronda los 290. 

Con el avance de la pesquisa, las autoridades provinciales dictaminaron que, pese a que no están sospechados en esta causa, el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y su segundo, Mariano Govi, fueran desplazados de sus cargos.