Los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca radicaron la denuncia por los delitos de omisión de investigar en reiteradas oportunidades; encubrimiento agravado; violación de medios de prueba y prevaricato en reiteradas oportunidades.
Mariana y Rodrigo Ortigala son hermanos y tuvieron un fuerte protagonismo en la investigación que se llevó adelante desde la Justicia provincial contra Esteban Alvarado, principal enemigo de la banda de Los Monos. Ambos fueron testigos protegidos y brindaron datos sensibles que terminaron siendo cruciales en la pesquisa que finalizó con Alvarado condenado a perpetua.
Mariana Ortigala había ingresado a un programa de protección a testigos en 2019, quedó, pero quedó vinculada a la banda de Los Monos (al igual que su hermano condenado por un tentativa de extorsión a una pena condicional) y fue imputada, junto a Ariel “Guille” Cantero, Lorena Mireya Córdoba, Bladimir Andrés Navarro, Kevin David Moreno, Brian Ezequiel Díaz, Daiana “Diabla” Leguizamón y Gonzalo Sarmiento por un intento de extorsión al dueño de la agencia de loterías El Califa, entre otros delitos, en septiembre pasado.
En esa audiencia los fiscales l Moreno y Socca, al pedir la prisión preventiva de Ortigala, mostraron una serie de capturas de conversaciones por whatsapp entre Edery y Ortigala de un teléfono que le secuestraron a la mujer una semana antes. Según una fuente policial, Ortigala dijo que uno de los celulares que tenía era para comunicarse con el fiscal y lo usaba únicamente para ello.
Para Moreno y Socca esos audios trascienden la relación profesional. Dijeron que tras la audiencia que Ortigala era testigo protegida desde 2019 y en diferentes instancias judiciales se dijo que «se pasó de banda» y precisamente en este período se la incluyó en el programa de protección a testigos. Desde que el fiscal Edery informó que la incluyó como informante en el ámbito de la agencia, se hizo multimillonaria. “Por eso creemos que no es una testigo protegida sino una narcoprotegida”, apuntó Socca.
Los funcionarios dijeron que la Agencia de Criminalidad Organizada estuvo a cargo de la mayoría de las investigaciones complejas y se especializa en la banda de Los Monos. Y se preguntaron cómo nunca se dieron cuenta que Ortigala era miembro de esa asociación ilícita y se hizo millonaria. “En tres meses de investigación le encontramos 14 propiedades”, añadió el investigador fiscal.
Los chats seguidos por la denuncia penal generaron un caos institucional, que incluyó apartamiento de Edery en causas relacionadas a su informante y de Moreno y Socca de la pesquisa por extorsión, también hubo una revisión en la oficina de Edery en busca de información.
Por su parte Edery dijo que la circunstancia de que Ortigala era su informante fue notificada a su superior, la fiscal regional María Eugenia Iribarren en un sobre cerrado.
Las denuncias
Se abrieron dos instancias tras el escándalo, por un lado se inició un proceso disciplinario. El auditor del MPA Leandro Mai envió el caso a la Legislatura, que este jueves resolvió la suspensión del fiscal, además de la imputación judicial que se llevó adelante el viernes pasado.
Desde fiscalía explicaron que los hechos ocurrieron entre julio de 2019 y septiembre del 2023. Según la imputación, en ese tiempo Edery dejó de promover investigaciones penales en contra de diversas personas a sabiendas que existían elementos que acreditaban su participación en delitos vinculados a organizaciones criminales.
También le achacaron haber alterado rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de estas personas y haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultanea, actuando y velando por los intereses del imputado, perjudicando deliberadamente las causas que tenía a su cargo, refirió.
Rechazo gremial
La Asociación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) emitió un duro comunicado sobre el tema Edery. “Tenemos una posición histórica desde la asociación, independientemente de quien sea el fiscal o la fiscal que tenga que pasar por este proceso disciplinario en manos del Poder Legislativo. Resulta una intromisión directa del Poder Legislativo por sobre el Poder Judicial, que afecta la autonomía y la independencia” sostuvo Viviana O’Connell, titular de la Asociación de fiscales en diálogo con el portal Conclusión.
El comunicado destaca además que conocieron la información de que la Legislatura Provincial podría dar tratamiento a la suspensión del Fiscal Matías Edery, por medio de un portal de noticias. “Es un procedimiento totalmente reñido con la Constitución, con las convenciones internacionales que tiene firmada la República Argentina, de hecho, ya la asociación de fiscales hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está tratando en este momento, se les ha acercado la documentación que han solicitado y entendemos que mientras no se modifique este régimen disciplinario todos los fiscales están en estado de indefensión”.
“No podemos enterarnos de que un fiscal está involucrado en un proceso disciplinario por los medios, ni siquiera tiene una notificación formal, no se lo escucha al fiscal previamente a tomar una decisión de este tipo” concluyó la fiscal.