Diego Rodríguez y Barros, funcionario judicial de San Jorge, defendió su versión de los hechos y aseguró: "Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario"
El fiscal de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, se pronunció sobre su situación tras ser suspendido preventivamente por la Legislatura de Santa Fe. Esta medida, que implica una reducción de más del 50% de su salario, surgió a raíz de acusaciones de falsificación de una denuncia por el robo de las cubiertas de su vehículo, lo que ha generado un proceso de auditoría por parte del Ministerio Público.
Rodríguez y Barros, abogado oriundo de Rosario, expresó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que no le sorprende la decisión de los legisladores: “Era algo que sabía que iba a suceder por el devenir de las cosas. Yo ya lo venía anticipando, que esta decisión estaba prácticamente tomada”. Además, criticó el proceso, al calificarlo como “muy similar al de la Inquisición” y señaló que la sesión estuvo “plagada de irregularidades, ilegalidades, inconstitucionales e incumplimientos de reglamentos”.
El fiscal cuestionó la competencia de la comisión que llevó adelante su suspensión, argumentando que “está planteada la incompetencia de la comisión para poder llevar adelante ese desahogamiento”. También mencionó la recusación de la diputada Cattalini, quien, a pesar de estar presente en la audiencia, no votó, lo que el fiscal considera relevante para el proceso.
Al ser consultado sobre las razones detrás de la decisión legislativa, Rodríguez y Barros afirmó: “Yo puedo marcar las falencias. Ahora, el motivo yo no soy adivino para tenerlo”. Sin embargo, enfatizó la necesidad de que la sociedad conozca la idoneidad de sus funcionarios y asegura que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
El fiscal también denunció que no se le permitió presentar su defensa, afirmando: “En ningún momento se me permitió decir una sola palabra”. Criticó la falta de respuesta a su escrito de descargo, el cual no fue tratado en el proceso: “No hay respuesta sobre eso. No se decidió, se avanzó directamente en el proceso”.
Finalmente, Rodríguez y Barros señaló que el auditor del Ministerio Público se inhibió de actuar en su caso, lo que considera un punto crucial: “Él se tendría que haber inhibido y la comisión de acuerdos tendría que haber llevado, la cual no reconozco su competencia, pero en su caso que ellos la entiendan, tendrían que haber hecho su propia investigación”.
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