La conmoción pública y la presión de las organizaciones proteccionistas surtieron efecto. La Fiscalía ordenó suspender este jueves la devolución de Lolo, el perro que quedó en el centro de la escena judicial tras una denuncia de abuso por parte de un menor no punible.
La decisión fue tomada por la fiscal María Eugenia Caratozzolo, quien dejó sin efecto —por el momento— la entrega del animal a la mujer que se había presentado como su dueña a través de un abogado patrocinante. De esta manera, Lolo continuará bajo estricto resguardo mientras avanza la investigación judicial y se ejecutan nuevas medidas solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Desde el MPA indicaron que se solicitó ampliar el informe ambiental y de contexto del domicilio donde se pretendía restituir al animal. Quienes impulsaron el pedido de devolución aseguraron que el menor señalado en el hecho ya no reside en esa vivienda, un punto clave que las autoridades judiciales buscarán corroborar de forma exhaustiva antes de tomar una decisión definitiva.
Para la mañana de este viernes estaba prevista una fuerte movilización de organizaciones proteccionistas y vecinos frente a las dependencias judiciales, manifestando un rechazo absoluto a que Lolo regresara al entorno vinculado al caso.
En paralelo, desde el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) llevaron tranquilidad sobre el estado actual del can. Profesionales veterinarios examinaron a Lolo y confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.
La noticia de la suspensión de la entrega fue recibida con alivio por los grupos de protección animal, quienes venían exigiendo que el perro permanezca bajo cuidado del Estado y monitoreo constante hasta que la situación se esclarezca por completo y se garantice su total seguridad.
