Tabacaleras: pymes apoyan iniciativa del gobierno nacional que reduce la desigualdad con multinacionales

Uno de los puntos de la ley ómnibus que el gobierno nacional enviará al Congreso puede solucionar el problema de las pymes tabacaleras de capital nacional, obligadas hoy a recurrir a la Justicia en forma periódica para conseguir la autorización fiscal necesaria para la producción.

Es que a través de esta iniciativa se fijaría el impuesto que deben pagar a la Afip, tanto las pymes nacionales como los oligopolios multinacionales, que consistiría en un 72 por ciento del precio al que se vende el atado de cigarrillos.

De esta manera las empresas de capital nacional estarían de nuevo en condiciones menos desiguales con las gigantes del rubro, ya que dejarían de abonar el precio fijo establecido, que se calcula de acuerdo al atado de cigarrillos de las primeras marcas, y por lo tanto impide la producción a las pequeñas y medianas firmas, que brindan miles de puestos de trabajo en todo el país.

La ley vigente, que prácticamente borra del mapa a las tabacaleras de capital nacional, viene de la época de Mauricio Macri al frente del gobierno. Hasta ese momento todas las tabacaleras abonaban un 75 por ciento del precio del cigarrillo en el mercado.

“Lamentablemente el esquema vigente desde entonces generó un beneficio económico millonario para las empresas de capitales extranjeros, que vieron disminuidas sus obligaciones tributarias de un 75% a un 70%, y asfixió a las pymes locales a las que se les impuso un impuesto mínimo, con independencia del valor de venta al público, obligándolas a salir al mercado a un precio necesariamente por encima de dicho valor, que les quitó competitividad y las obligó a recurrir sistemáticamente a la Justicia para lograr subsistir”, detallaron desde la Cámara Nacional  de Empresas Tabacaleras de la República Argentina (Canet).

“Deseamos públicamente expresar nuestro apoyo al proyecto de modificación de la ley 24674 de impuesto interno, que establezca un gravamen porcentual idéntico para todas las empresas del rubro, sobre el precio de venta al público, sin imposición de mínimos u otras fórmulas que complotan contra la igualdad y la libertad de mercado”, detallaron.

El régimen de impuesto mínimo, tal como se encuentra regulado actualmente, ha llevado al dictado de fallos de primera y segunda instancia que declaran la inconstitucionalidad del esquema y a la existencia en la gran mayoría de las jurisdicciones nacionales de medidas cautelares que autorizan a las pymes nacionales a trabajar mientras se sustancias los juicios de fondo.

“Las empresas nacionales han debido recurrir a la Justicia para obtener el amparo contra un régimen claramente confiscatorio y de desigualdad que puso en riesgo miles de puestos de trabajo nacional y  que en jurisdicciones como Santa Fe llevó directamente al reciente cierre de una importante empresa  afiliada a esta institución”.

Se trata de For Men, la tabacalera ubicada en la capital santafesina que cerró sus puertas al no obtener el permiso judicial para comercializar cigarrillos. En tanto, la rosarina Bronway tiene su planta ubicada en el barrio Nuevo Alberdi parada, lo que afecta el sustento de 200 trabajadores directos y más de 2.000 indirectos, a la espera de que la Justicia federal local, como lo ha hecho en el resto de las provincias, le permita tributar un porcentaje del precio del atado en el mercado.

Desde Canet explicaron: “A lo largo de los últimos años hemos expresado tanto pública como judicialmente nuestra posición de avanzar hacia un régimen de tributación que tenga como base idónea el precio de venta al consumidor y que se trate de un  porcentaje sobre el mismo, permitiendo a cada empresa libremente, y sin condicionamientos de ningún orden, fijar sus precios para sus distintas líneas comerciales y productos, permitiendo de ese modo la libre competencia de mercado”.

Y cerraron: “Apoyamos la modificación y bregamos por una competencia comercial libre de ataduras y escollos, con libertad de mercado, donde los productores puedan fijar sus precios libremente, de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, pudiendo elegir los consumidores qué producto consumir, cuándo y en qué condiciones, con la más mínima intervención estatal”.