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Télam: más nafta al fuego en el conflicto

En medio del conflicto por 357 despidos, el directorio de la agencia emitió despachos informativos. El gremio de Prensa y trabajadores cesanteados denunciaron la apertura de una “Télam trucha” y volvieron a reclamar una mesa de diálogo.

Exactamente a las 15.39 de este miércoles, la agencia nacional de noticias Télam emitió un despacho noticioso del área de Internacionales en su sitio de internet, el primero después de las 9.38 del pasado martes 26 de junio, cuando el despido repentino de 357 trabajadores disparó un conflicto que hasta ahora no tiene solución. Exactamente 15 minutos después, el diario Clarín emitió la noticia en su sitio web: “Tras el conflicto por los despidos, la agencia de noticias Télam vuelve a funcionar”, tituló el diario porteño, en un anuncio que en la misma jornada, varias horas después, fue reflejado en Twitter por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. Pero la operatoria, que parecía indicar un atisbo de solución, distaba de serlo: este jueves el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), junto al colectivo de periodistas, fotógrafos y colaboradores cesanteados, denunció el armado de una “Télam trucha” y se movilizó hacia el Centro Cultural Kirchner, donde tiene sus oficinas Lombardi, para exigir la convocatoria a una mesa de diálogo. La respuesta fue el despliegue de efectivos de infantería de la Policía y la decisión de los trabajadores de prensa de lanzar una “ocupación pacífica” el edificio.

La “Télam trucha” dejó de emitir a las 18.28 del miércoles y retomó actividad a las 9.27 de este jueves, enviando despachos que se promediaban entre 15 minutos y media hora, hasta el momento de la movilización hacia el Centro Cultural Kirchner, cuando pasó a dos horas de inactividad. Antes, había emitido un comunicado anunciando que la agencia “vuelve a informar” pese a “las amenazas, aprietes, escraches y agresiones” y como un símbolo de que se superó el temor al hostigamiento sindical”. Y también informó a sus abonados que “hasta su completa normalización” podrían “utilizar el servicio sin costo alguno”.

La respuesta del Sindicato de Prensa y de la comisión gremial interna de la agencia fue terminante: “Tras dos meses y medio de conflicto, los funcionarios resolvieron poner al aire un portal clandestino, que opera desde las instalaciones del predio de Tecnópolis, donde, escondidos y lejos de la realidad, un puñado de jefes periodísticos reproducen una réplica trucha del potente servicio de noticias público”, sostuvieron.

También recordaron que “el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el Secretario de Trabajo, Jorge Triaca, ratificaron que los dos edificios de Télam  no están ocupados”, sino que “están acéfalos y son el escenario de un conflicto gremial”.

Finalmente reclamaron desde el Centro Cultural Kirchner “la apertura de una mesa de negociación formal” para alcanzar “de manera certera una solución al conflicto” y volvieron a pedir la solidaridad de todas las organizaciones sindicales y sociales para “acompañar esta acción”.

El caso llega a la ONU

La organización Amnistía Internacional, que acogió a fines de junio pasado el reclamo por los despidos en Télam, envió al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas un informe que será entregado a la representación argentina y se discutirá en coincidencia con la presencia en Nueva York del presidente Mauricio Macri, para la Asamblea General de la ONU.

El reclamo por Télam está dentro de un memorando de 26 páginas dividido por áreas temáticas, y ocupa íntegramente el apartado Derecho al Trabajo.

“En junio de 2018, el gobierno nacional hizo oficial un despido masivo de 357 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias, Télam. Esto representa más del 40 por ciento de la planta total”, reseña el texto. Y detalla que “aunque el gobierno indicó que los despidos responden a la necesidad de sustentabilidad de la agencia, y que en los últimos 10 años el número de trabajadores se ha duplicado”, desde 2015 “al menos 50 personas fueron contratadas en puestos gerenciales”.

El documento incluye los fallos judiciales en favor de los trabajadores cesanteados, y concluye con una recomendación: “Que el Estado argentino revise los despidos masivos llevados adelante y adopte los mecanismos necesarios dispuestos por la Justicia, tales como el procedimiento preventivo de crisis”.

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