Como en los 90, el plan es enajenar para conseguir unos dólares. En carpeta están el corredor vial del Mercosur, Arsat, la Hidrovía, Nucleoeléctrica, Enarsa, la generación eléctrica mediante represas y tecnología nuclear y el transporte de energía
El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de privatizaciones, buscando aprovechar el impulso reciente para concretar el traspaso de activos estratégicos de transporte y energía a manos privadas.
Con la mira puesta en las próximas semanas, la administración de Javier Milei tiene como primeros pasos concretos en noviembre las licitaciones de rutas y cuatro importantes represas hidroeléctricas, mientras define los detalles para enviar al nuevo Congreso el listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.
El listado de las firmas que pueden pasar a manos privadas, total o parcialmente, en el segundo tramo de gestión de Javier Milei ya empieza a esbozarse en los despachos oficiales y se enviará al nuevo Parlamento en los próximos meses. Mientras diseña el siguiente capítulo del retiro estatal en las compañías, el Ejecutivo buscará en las próximas semanas dar señales claras de que el proceso privatizador se pone en marcha y que no se detendrá.
En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas pulen los detalles finales para revelar qué empresa se quedará con la llamada ruta del Mercosur. Para esta ruta, la primera que concesiona la gestión Milei, se presentaron siete ofertas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó al difundirse los interesados que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”. Se espera que la preadjudicación se otorgue a más tardar en las próximas dos semanas.
Además, el viernes 7 se conocerán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, por las que el Gobierno busca recaudar entre US$500 millones y US$700 millones.
La apertura estaba programada para días antes de las elecciones, pero se extendió ante el pedido de los interesados. Según fuentes del mercado, los cuatro actuales operadores, que son AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados), presentarán ofertas para quedarse con la represa que tienen a cargo y tal vez para alguna de las otras.
Para lo que resta de 2025, el Gobierno busca lanzar la segunda etapa de licitaciones para rutas nacionales que controla Corredores Viales. El proceso busca entregar el manejo de más de 4400 kilómetros de los ocho tramos. Los mismos incluyen las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery. Además, las rutas nacionales 3, 5 y 7. También, los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná. La etapa tres, donde se destaca la ruta 9, quedaría para salir a licitación en los primeros meses de 2026.
Hay otras cuatro firmas en la mira oficial para que este año al menos se siente el precedente de sin marcha atrás. En Enarsa, el proceso privatizador se definió que se venderá “por unidades” y primero será el turno de las represas del Comahue.
En paralelo, el Gobierno trabaja en los documentos para poner a la venta antes de febrero las acciones en poder del Estado de la principal transportista de energía eléctrica del país, Transener.
En AYSA, se está en proceso de valuación de la firma que provee de agua y cloacas al AMBA, un paso indispensable para avanzar hacia la venta de la mayoría de las acciones en la Bolsa. El llamado a licitación de Belgrano Cargas se efectuaría entre fines de noviembre y principios de diciembre.
Finalmente, los nuevos pliegos para operar la Hidrovía, clave para las exportaciones del agro, estarían listos para licitarla hacia fines de diciembre. La privatización parcial de Nucleoeléctrica, en tanto, podría acelerarse hacia fin de año o principios de 2026.
Si bien la efectiva privatización de la mayoría de las firmas que fueron autorizadas por la Ley Bases y lanzadas formalmente este año quedarán para el primer tramo de 2026, el Gobierno ya tiene en carpeta los pasos a seguir para “quitar al Estado de la economía”, como suelen enfatizar los libertarios.
En ese marco, aparecen varias, como Arsat, y también figuran empresas que quedaron fuera de la ley sancionada por el Congreso en julio de 2024, como Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.
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