Terraplenes hechos por un ganadero ponen en riesgo un tramo de la ruta Rosario-Victoria

El titular del Juzgado Federal de Victoria, Federico Martin, intimó al ganadero Martín Esteban Stenner a que dé inicio a las tareas necesarias para desmantelar los diques que construyó en el Delta del río Paraná y que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos le había ordenado demoler en 2022, según informó el portal de la ciudad de Paraná El Diario.

La determinación del magistrado se suscitó porque el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, le avisó del peligro inminente en que se encuentra el enlace vial que comunica con Rosario, a partir de que el fluir de la crecida del río Paraná se ve alterada por la existencia de los diques y que tendría impacto en la infraestructura vial.

El intendente de Victoria alegó un informe de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y por esto mismo pidió la intervención de la Provincia.

El juez también citó a comparecer de forma urgente a una reunión informativa al hacendado, el técnico de Hidráulica que intervino, la secretaria de Ambiente, el jefe de Vialidad Nacional, el presidente municipal de Victoria y el fiscal de Estado, éste último por ser responsable de haber tenido que controlar la destrucción de las obras ilegales, publicó el portal Era Verde.

Emplazan al empresario ganadero

En una resolución emitida este miércoles, el juez Federal de Victoria, Federico Ángel Martin, emplazó a al empresario Martín Stenner a que cumpla con la Resolución Nº 3.067 del 16 de noviembre de 2022 dictada por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos en la cual se le ordena abra el paso a las aguas que impiden los terraplenes construidos en la Isla del Pillo, ubicada en el Delta del Paraná.

Esta medida fue tomada a raíz que el intendente de Victoria, Domingo Natalio Maiocco, anoticiara al Juzgado sobre el peligro que corre el enlace vial hacia Rosario tomando en cuenta un escenario donde se proyecta el incremento de la altura del río y que estos diques impiden el escurrimiento natural.

Frente a esta situación, y en virtud de la tutela del amparo ambiental que rige para el Delta, desde el Juzgado Federal se tomó intervención dado “la urgencia que el caso impone” y “en razón de los bienes y derechos colectivos”, se argumentó.

Así, Martin dio un término de 24 horas a partir de su notificación para que Stenner derribe de forma prioritaria ocho terraplenes que posee a la altura del kilómetro 43-44 de la ruta nacional 147 que une Victoria con Rosario, donde cuenta con una explotación agrícola ganadera.

“Resulta imperioso adoptar medidas urgentes tendientes a evitar la afectación del equilibrio y de la dinámica natural del curso del agua que impacta e irriga el humedal, como así también el daño al ecosistema y a la estructura social circundante”, se describió.

Martín apercibió al empresario para la inmediata ejecución, atento la premura expresada por Maiocco. Además, se da intervención a que estos trabajos sean monitoreados con el ingreso al lugar de organizaciones socio ambientales y fuerzas de seguridad a los lotes donde se encuentran los endicamientos.

Audiencia informativa

El magistrado llamó a audiencia informativa al director General de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Rodolfo Gietz; al técnico de esa misma dependencia que evaluó la situación, Jorge Di Persia; el jefe del 17° Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Daniel Koch; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María Daniela García, el intendente de Victoria, Domingo Natalio Maiocco, y el fiscal de Estado provincial, Julio César Rodríguez Signes.

Así, el juez resolverá algunas medidas tras esta comparecencia, sin perjuicio de la competencia que cabe para el caso.

Esto es porque el hecho que alerta Maiocco resulta por haber sido desobedecida la Resolución Nº 3.067/22 de la Secretaría de Ambiente.

Esta dependencia es la que posee la potestad de hacer cumplir la medida administrativa en la cual había ordenado a Stenner destruir 24 terraplenes instalados en su propiedad y que, en definitiva, nunca llevó adelante.

Hace un año, justamente, se dio a Stenner un plazo de 30 días para comenzar el derrumbe de los murallones y 60 días hábiles para comenzar un plan de “restauración ecológico integral del humedal afectados por las obras de terraplenamiento”. Nada de esto se concretó.