El ex fiscal quedó en prisión preventiva imputado por encabezar una organización ilícita dedicada a desviar fondos de cuentas judiciales. Estiman que el grupo operó durante siete años
Mariano Ríos Artacho es un ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con un reconocido apellido en la Justicia. Este miércoles quedó detenido en forma preventiva. El ex fiscal ya venía teniendo problemas legales. Esta vez se lo vinculó con estafas a través de cuentas judiciales. Estiman que era el cabecilla de una organización que operó durante siete años. Por el momento se revisó 48 cuentas en las que intervino y se detectó la comisión de delitos, que incluyen peculado en 12 de ellas; fraude a la administración pública y falsedad ideológica de instrumentos públicos. Aunque declaró, se hizo cargo de las acusaciones y aseguró que sufre de ludopatía, no le bastó para evitar la preventiva. Estiman que esta investigación es solo la punta del iceberg: hay otras 100 cuentas en investigación.
La fiscal general María Cecilia Vranicich, acompañada por el fiscal Adrián Spelta —de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional—, brindó una conferencia de prensa tras la audiencia imputativa que tuvo al ex fiscal como protagonista durante tres días. Vranicich, quien supo ser auditora de la labor de los fiscales, Aseguró que “la corrupción de los funcionarios públicos es un objetivo priorizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto con las violencias altamente lesivas”.
La jefa de los fiscales provinciales aseguró que hace tres meses se anoticiaron del caso y que fue la propia Unidad de Delitos Económicos la que, a través de los carriles institucionales, notificó a los órganos de dirección. «Rápidamente comenzamos con esta investigación muy compleja. Esta es una etapa de probabilidad», señaló, al tiempo que agradeció al fiscal Spelta, a todo su equipo y a la fiscal Carla Cerliani —quien participó de la audiencia— por el trabajo realizado hasta el momento. Destacó que Mariano Ríos Artacho es un ex fiscal del MPA y ex compañero de todos ellos.
“Hoy somos 214 fiscales en toda la provincia trabajando con enorme responsabilidad y compromiso”, remarcó. Respecto del caso, expresó que a nivel institucional se sienten defraudados, pero agregó: “No obstante eso, hemos hecho lo que corresponde. Desde el año 2023, cuando comencé a ejercer la Fiscalía General, el MPA no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”, aseguró
Concluyó Vranicich que estos tipos de casos, que son al menos una decena desde el inicio del actual sistema procesal penal, le genera un enorme daño «no sólo al MPA, sino al sistema de justicia en general».
Spelta, por su parte, explicó que el ardid tenía como eje las cuentas judiciales y no las personales del MPA. Es decir, cuentas del Banco Municipal que formaban parte de legajos fiscales donde se habían depositado fondos.
Según refirio, Ríos Artacho firmaba oficios para transferir dinero a personas que no estaban vinculadas con las investigaciones. Esta maniobra se repitió durante siete años. En total, detectaron 148 cuentas en las que intervino el ex fiscal; se analizaron las primeras 48 y de 12 de ellas surgieron causas con múltiples hechos delictivos.
De esa manera, los fondos salían de las arcas del Estado y se dirigían a particulares, quienes los movían en una estructura piramidal hasta llegar al fiscal responsable de la causa. Se estimó que el monto de los fondos actualizados (desde 2017) asciende a 425 millones de pesos, de los cuales hubo un porcentaje que fue retornado, puntualmente en tres de las doce casos.
Para la Fiscalía, existió una organización ilícita encabezada por un jefe, el sindicado ex fiscal, y cuatro organizadores: Héctor M., Fabricio R., Gustavo C. y el abogado Emilio B. Estas cinco personas quedaron en prisión preventiva por disposición de la jueza María Trinidad Chiabrera. El resto de los siete imputados, considerados miembros de la asociación ilícita, eran los receptores de las transferencias y quedaron en libertad.
Ríos Artacho declaró en la audiencia y argumentó tener un problema de ludopatía. El fiscal Spelta indicó que esa circunstancia fue evaluada por la jueza en su resolución: entendió que es una enfermedad reconocida y que debe ser considerada al momento de valorar una futura pena, pero que de ninguna manera puede anular la responsabilidad penal de los involucrados.
En cuanto a los controles internos del MPA, el fiscal citó nuevamente a la jueza, quien hizo referencia a la Ley de Ética Pública. Los oficios llevaban una segunda firma además de la de Ríos Artacho, sobre lo cual aclaró que esos fiscales fueron los primeros engañados. Esa falsedad ideológica era la herramienta clave para lograr la transferencia de fondos, detalló. «Al primero que engañaron fue al segundo fiscal, que debía revisar la formalidad; después al banco y finalmente a todos nosotros y a la sociedad», explicó.
Dijo que entre los cargos figuran 21 hechos de peculado, 15 de fraude a la administración pública y 21 de falsedad ideológica de instrumentos públicos.
Sobre la posibilidad de que existan más involucrados, el fiscal reiteró que esto es la punta del iceberg y que aún quedan unas 100 cuentas por evaluar. Finalmente, confirmó que Ríos Artacho reconoció todos los hechos delictivos imputados, aunque aclaró que, si bien se entiende como una estrategia de la defensa, no lo desliga de su responsabilidad.
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