Timerman analizó junto a Ban Ki-moon un marco legal para reestructurar deudas

El canciller de la Nación, Héctor Timerman, se reunió este martes con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para analizar la creación de un marco legal que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana, sobre el que se pronunciará en septiembre la Asamblea General.

Según el portavoz de Ban, Stéphane Dujarric, el encuentro se celebró a pedido de Timerman, quien abordó con el secretario general varios asuntos, incluido el de la «reestructuración y resolución de deuda que está ante la Asamblea General».

En principio, ése órgano votará el mes próximo unos principios para este tipo de procesos, redactados durante los últimos meses por un comité especial de las Naciones Unidas.

Ese comité aprobó a finales de julio una lista de nueve puntos que establecen, entre otras cosas, que todos los países tienen que poder reestructurar su deuda y no deben ver ese derecho restringido por «medidas abusivas».

Entre esos principios destacan también el de la «inmunidad soberana» de los Estados frente a tribunales extranjeros y el del respeto de las mayorías en los procesos de reestructuración, según el cual se deben aceptar las decisiones respaldadas por una mayoría cualificada de los acreedores.

Ambos puntos son clave en el caso de Argentina, pues, de acuerdo con la orden del juez estadounidense Thomas Griesa, ratificada por la Corte Suprema de este país, debe pagar 1.300 millones de dólares, más intereses, a los fondos buitre que poseen bonos no sujetos a las reestructuraciones de la deuda argentina de 2005 y 2010 y que por lo tanto están en mora desde el cese de pagos de 2001.

Esa sentencia favorable a los litigantes, que representan poco más del 1% de los acreedores de la deuda externa, bloqueó los pagos depositados por Argentina para cumplir con el 92,4% de los bonistas que sí aceptaron las reestructuraciones.

Timerman, según fuentes diplomáticas, también tenía previstas reuniones con la presidenta en funciones de la Asamblea General, la paquistaní Maleeha Lodhi, y con el presidente de turno del Grupo de los 77 más China, el sudafricano Jeremiah Myaname Kingsley Mamabolo.

El G-77, que reúne a más de un centenar de países en desarrollo, fue quien lideró los trabajos del comité «ad hoc» que en julio aprobó por unanimidad los nueve principios.

En el proceso, sin embargo, no participaron varias potencias económicas como Estados Unidos, que consideraban que este asunto debe tratarse en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no en la ONU.