Los saqueos en Córdoba fueron sospechosamente funcionales a la medida de fuerza de una Policía que semanas atrás fue descabezada y cuestionada por vínculos con el narcotráfico.
Los acontecimientos se fueron de las manos. Primero por errores del propio gobierno cordobés, que minimizó los hechos en un principio. Segundo porque el gobierno nacional priorizó la disputa política antes que contribuir a preservar la vida y el orden.
La decisión de la presidenta fue, un rato antes de las ocho de la mañana de ayer, que el jefe de Gabinete no altere su agenda y se vaya a Paraguay. Un error que lleva al gobierno nacional a pagar costos gratuitamente. Con sólo atender el teléfono y comprometer una partida de gendarmes clausuraba toda discusión. Cambiaron nombres y gestos, pero en el fondo la línea de la presidenta es la misma.
Ayer el gobierno remozado derrapó. Tiró por la borda todas las buenas señales desde la llegada del chaqueño a la Jefatura de Gabinete. Capitanich quedó expuesto por una jugada a pura pérdida, caprichosa. En lo personal, le negaron la posibilidad de anunciar el envío de gendarmes; todo para que un rato después lo hiciera el secretario de Seguridad Sergio Berni, medida que al final no se concretó.
La dirigencia política cordobesa no lució a la altura de las circunstancias. Mientras en las calles había saqueos, heridos y un muerto, los cruces políticos fueron incesantes. Nadie se pudo abstraer de la pelea Nación-provincia.
No es lo que pasó en Santa Fe la semana pasada con los saqueos. Aquí todos los actores políticos y las organizaciones sociales supieron cerrar filas para no alimentar incidentes. Todos comprendieron que la calle convulsionada con saqueos, robos y enfrentamientos es una derrota colectiva.
Córdoba es una muestra cruda e inédita. Su Policía mostró la capacidad de extorsión y daño de las fuerzas de seguridad de la democracia. Su dirigencia política (con el gobierno nacional bailando la misma música) mostró lo que no hay que hacer cuando se está a merced de estas situaciones.
