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Trabajadores de Justicia Penal Juvenil van a la huelga y acusan al gobierno provincial de encajonar más de 200 expedientes

El gremio de trabajadores provinciales Upcn realizó una jornada de protesta activa en toda la provincia. En Rosario, los empleados llevaron adelante un corte de actividades entre las 10 y las 13 con una manifestación en Dorrego al 900. Reclaman por las mejoras de la condiciones laborales

Los trabajadores de la dirección provincial de Justicia Penal Juvenil realizaron una protesta este martes por la mañana  en Dorrego al 900, en la puerta del organismo dependiente de la secretaría de Justicia de Santa Fe. Los manifestantes, nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) Santa Fe, reclaman el cumplimiento de las paritarias firmadas con el gobierno saliente, el ingreso de más personal a la dirección, y el cumplimiento de más de 200 expedientes laborales que llegan a tener hasta 7 años de antigüedad: “Duermen en el despacho del ministro (Walter) Agosto”, acusaron desde el gremio.

La medida fue decretada en todo el territorio provincial, recortando la actividad de toda la administración pública, de 10 a 13, asegurando guardias mínimas. Los trabajadores reclamana las autoridades ministeriales la regularización de la situación laboral de más de 200 personas, cuyos expedientes ya están firmados. Cecilia Olivier, delegada gremial de la dirección de Justicia Penal Juvenil, dijo: «La medida es a nivel provincial en toda la administración pública. En líneas generales, por los 200 expedientes que duermen en el despacho del ministro Agosto y por la cuestión que está pactada en las paritarias centrales y que el Gobierno no ha cumplido hasta el momento».

Entre los puntos que se exigen, Upcn pide una mejora de las condiciones laborales, un cambio en el coeficiente de cálculo de los suplementos salariales, el traslado de diferentes empleados que antes trabajaban en otra dependencia y necesitan regularizar su situación administrativa, y el ingreso de personal para cubrir las vacantes existentes en el sistema de libertades asistidas. Olivier apuntó: «Es mínima la cantidad de acompañantes con las que cuenta hoy la dirección«. En diálogo con El Ciudadano, la referente explicó que, sólo en Rosario, hay 10 acompañantes para una población de entre 48 y 50 menores de edad judicializados, significando la mayor proporción de menores de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley. En la ciudad de Santa Fe, hay nueve acompañantes para realizar la tarea de aproximadamente 20 adolescentes alojados.

«La figura más relevante de aquellos institutos donde alojamos a los menores  es la del acompañante. Es mínima la cantidad que tenemos de acompañantes, por lo tanto no se le puede garantizar a los chicos la contención, el seguimiento, las salidas de esparcimiento, a cumplir los talleres, la escuela. Está muy acotada esa función», describió Olivier.

La trabajadora afirmó que el gobierno provincial no ha tenido ningún tipo de comunicación a los fines de resolver el problema, mientras que varios de los expedientes señalados fueron firmados en la paritaria del 2022. Es decir, tienen al menos dos acuerdos con las autoridades provinciales rubricados, y sin embargo no han tenido tratamiento.

«Hace siete años aproximadamente que no se resuelven algunos expedientes referidos al traslado de gente que viene de otras dependencias. Lo hacen correr, lo demoran, vence el presupuesto del año corriente en el que firmó el expediente y de vuelta todo el periplo de nuevo. Y así sucesivamente, sin terminar de resolver», esgrimió Olivier, y añadió: «Acá responsable de la mayoría de nuestros expedientes es el ministro Agosto, y tenemos una ministra de Gobierno (Celia Arena) que lamentablemente ha hecho oídos sordos a todos los reclamos de esta dirección particularmente, que es de su área. Acá el responsable es el ministro Agosto. Y con él no hay quién hable. Lo único que tuvimos fue una entrevista con el secretario de Justicia de la provincia, (Eduardo) Massot”.

Desde Upcn confirmaron que los delegados se congregarán en asamblea interdepartamental para debatir cómo continuar con las medidas de fuerza en caso de no obtener resultados.

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