«Podría haber sido un día festivo pero el gremio está atravesando problemas complejos por el conflicto con una empresa y por la obra social», le dijo a El Ciudadano el reelecto delegado de la seccional Santa Fe Sur de UATRE, con sede en Rosario, Rubén Gómez. Es que la jornada de este viernes estuvo marcada por un grave conflicto laboral en la provincia, con la poderosa operadora granaria ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), y además por una intervención a la obra social que, denuncian, deja sin prestaciones ni medicamentos a los afiliados del gremio de los trabajadores rurales y estibadores. También denunciaron un intento de intervenir el propio sindicato, de la mano del Gobierno del presidente Javier Milei y de un diputado nacional libertario.
Natalia Sánchez Jáuregui, la secretaria de Organización y Gremiales de UATRE nacional, que estuvo en Rosario para las elecciones de la delegación local, se refirió al conflicto por la obra social del sector, Osprera. No es la primera intervención que sufre: hubo una anterior, judicial, y la actual que calificó como «arbitraria y política».
La dirigente explicó que se motorizó a través del Gobierno nacional y del diputado Pablo Ansaloni, «que hace dos años perdió las elecciones de la Uatre». El pedido de intervención, agregó, fue cursado a «un juez incompetente de Lomas de Zamora». Las consecuencias, dijo, y pese a los argumentos para «sanear» la institución, son de extrema preocupación. «Los trabajadores rurales y sus familias se encuentran en una situación muy delicada de falta de prestaciones, de anuncios falsos a través de las redes institucionales de la obra social, que en el caso de Santa Fe ofrecen una red de prestadores que no existe. Y también sucede con la entrega de medicación oncológica y el corte de tratamiento, por ejemplo, para quienes sufren diabetes», enumeró el cuadro en el que se encuentran y ya denunciaron ante la Justicia «con toda la documentación» pertinente.
Sánchez Jáuregui mencionó un peligro similar para la continuidad de la conducción del gremio en manos de las autoridades electas por los afiliados. «Además de esto, la Secretaría de Trabajo de Nación impulsa una intervención a la organización sindical, que mantiene una normal vida institucional». Sobre ese punto, recordó que estaba en Rosario precisamente para la renovación de autoridades según marcan los estatutos: «La de Santa Fe Sur es la séptima delegación que se normaliza con la elección de sus delegados. Intervinieron 23 secretarios generales que votaron por unanimidad a Gómez, pero también respaldan la conducción nacional de José Voytenco y su Secretariado». El intento de intervención, recalcó, es una «maniobra que se apoya en un artilugio jurídico y político armado por el Gobierno de Milei».
Conflicto con ACA
«A días del inicio de la cosecha, desde la cooperativa informaron que no van a tomar gente de la bolsa de trabajo de UATRE», resumió el inicio del conflicto con la empresa Pedro Peger, secretario Adjunto del gremio a nivel nacional.
«Se apoyan en la ley Bases, que anuló el artículo 69 y con ello la obligación de las empresas a tomar trabajadores» de esas instancias reglamentadas por las Resoluciones MTEySS 336/2002 y 8/2002 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
«Las normas y resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las de manipuleo y almacenamiento de grano están vigentes, hay dos artículos en la ley 26727 , el 17 y el 18, que establecen que un trabajador que cumplió dos temporadas en la misma empresa pasa a ser permanente discontinuo. La empresa tiene la obligación de volverlos a tomar. Las tareas de los mismos están fijadas por ley, pero ACA las quiere cambiar, quitando algunas», sintetizó Peger.
Los tiempos apuran, dijo, porque se está a las puertas de la nueva cosecha. «Estamos en alerta y movilización por esa inminencia», señaló el secretario Adjunto y recordó que ese mismo día mantuvieron una audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe en la que se convino, después de «duras discusiones» con los representantes de ACA, «pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a la mañana».
Los dirigentes de UATRE destacaron el impacto de la escalada empresaria sobre pequeñas comunidades santafesinas, por la pérdida de puestos laborales que, si bien temporarios, tienen fuerte incidencia en las economías locales. En particular, en este caso, están afectadas las de Totoras y San Martín de las Escobas. Sin embargo, si finalmente las pretensiones de la cooperativa se materializan, podría haber un efecto contagio en otras provincias que pondría en riesgo, calcularon, a entre seis y siete mil trabajadores rurales. En especial, en jurisdicciones que tienen implementado el sistema de bolsas de trabajo, como Buenos Aires y Córdoba.
A raíz del conflicto, señalaron los referentes de UATRE nacional, hubo una presentación en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para que ordene a las empresas a cumplir con las normas consensuadas entre el gremio y las entidades gremiales del campo. También solicitaron una audiencia con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en virtud de la afectación inmediata sobre la provincia del conflicto.
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