Tres militares de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar están acusados tras una denuncia que envió un anónimo a la Justicia, y que fue caratulada como presunta "defraudación pública al Estado", "malversación de fondos públicos", "abuso de poder" e "inteligencia clandestina"
La Justicia Federal investiga una denuncia a militares vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), presuntamente por usar en forma personal fondos destinados a viáticos y desviar a beneficio propio dinero de racionamiento que tiene como fin proveer de alimentación a civiles y miembros de la fuerza.
Según Noticias Argentinas, la presentación penal quedó a cargo del Juzgado Federal número 2 de Sebastián Ramos e incluye también posibles acusaciones por espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio. El objetivo: favorecer a firmas alemanas que mediante presuntos métodos extorsivos puedan quedarse con el negocio del litio y ejercer un monopolio en el norte del país y en la nación del altiplano.
La causa, generada tras una denuncia que envió un anónimo a la Justicia, está caratulada como presunta «defraudación pública al Estado», «malversación de fondos públicos», «abuso de poder» e «inteligencia clandestina».
El primero de los denunciados es Francisco Javier M., quien fue designado director de la DNIEM durante la gestión de Alberto Fernández y ahora tiene un cargo menor pero con mucho poder porque lo señalan como trabajar «en las sombras».
Los otros posibles involucrados son el ex director de Inteligencia Nacional, Carlos M. y el actual director de la DNIEM, Marco Alberto C. Todos estos miembros forman parte de esa dirección dependiente del Ministerio de Defensa.
Según consta en la presentación, estos militares «habrían comenzado desde el gobierno anterior presuntamente a apropiarse de fondos públicos y reservados de la DNIEM continuando con este accionar en la gestión actual».
«El mecanismo de fraude consistiría en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por Francisco Javier M. para su uso personal, entre otros vacaciones familiares junto a su esposa Rocío Soledad C. e hijos menores de edad», se indicó.
C., justamente «habría ingresado como miembro de planta permanente en la DNIEM, pero jamás habría concurrido a cumplir funciones laborales ni se le habría asignado tarea alguna a realizar desde su domicilio».
En uno de los pedidos, Francisco Javier M. solicitó 139.140 pesos por costos de desplazamiento y viáticos por 27.828 pesos cada día para un viaje a la ciudad chubutense de Esquel junto a su esposa en una misión oficial que iba del 21 al 25 de agosto de 2023.
Sin embargo, en fotos subidas a redes sociales, el denunciado se mostraba junto a su pareja y a sus dos hijos menores de edad disfrutando del paisaje y realizando actividades en grupo, en lo que finalmente eran vacaciones de placer familiares.
Además, los presuntos acusados estarían «reteniendo el dinero destinado al pago de racionamiento (haberes que conforman la cuota de alimentos para el personal) desviándolo a cuentas para su uso particular».
En la denuncia penal, se cita como ejemplo una nota de autorización de retiros de fondos de febrero de 2024 firmada por Francisco Javier M., por la suma de 13.365.083,22, la cual una empleada sacó del Banco Nación.
Esa cifra tenía que ser para pagar el racionamiento de los efectivos y del personal civil correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, pero no se hizo.
En la presentación judicial se sospecha que los denunciados «formarían parte de una presunta organización dentro de un organismo de inteligencia, destinada a defraudar a la Administración Pública Nacional».
Esa denuncia no es la única que arrastran Francisco Javier M. y C., ya que fueron acusados presuntamente de autorizar operaciones de inteligencia por parte de empresas privadas alemanas en territorio argentino y boliviano.
En ese sentido, Francisco Javier M. «dirigiría una facción conformada por personal de la Armada Argentina, encabezada por el contraalmirante C., aportando apoyo externo a la operación con un grupo de la Armada Argentina».
Asimismo, el presunto acusado trabajaría -siempre según la denuncia- «estos temas con el coronel mayor Gabriel P. y las reuniones se dan los viernes por la tarde para el intercambio de información de inteligencia».
Un capitán de fragata de nombre Peter Chistian S. es parte de la denuncia. La búsqueda de «información que permita a las empresas extranjeras de capital privado adquirir compañías nacionales y monopolizar el mercado del litio», señalan. Ahora la Justicia debe investigar y determinar.
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