Una década después de que una niña denunciara a un pariente por abuso sexual, la Justicia condenó a Juan Diego B., de 53 años, a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo por los ataques cometidos contra su sobrina cuando era una niña en Santo Tomé.
Tras darse a conocer la resolución este lunes 28 de septiembre, la jueza Cecilia Labanca dispuso la inmediata detención del condenado en la misma sala de audiencias.
Al frente de la acusación estuvo la fiscal Natalia Giordano, de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1, y la defensa técnica ejercida por el abogado Ignacio Alfonso Garrone.
La representación de la víctima como querellante estuvo a cargo del abogado Hernán Kovacevich, quien en diálogo con El Ciudadano expresó: «Después de diez años de espera, finalmente se hizo justicia. Para quienes acompañamos a la víctima durante este largo proceso, esta sentencia significa que su voz fue escuchada y que la Justicia dio una respuesta».
Un vínculo de confianza y calificación penal
Juan Diego B. fue declarado autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por encontrarse a cargo y por la edad de la víctima.
El condenado es primo hermano del padre de la joven, por lo que en el ámbito familiar se lo consideraba su tío. De acuerdo con lo planteado por la querella, los abusos los cometió a lo largo de un período de entre tres y cuatro meses en la ciudad de Santo Tomé, cuando la niña quedaba bajo su cuidado mientras sus padres trabajaban.
Al respecto, Kovacevich remarcó la importancia de la instancia del juicio oral: «Durante el juicio sostuvimos la importancia de valorar integralmente la prueba y, especialmente, de escuchar a quien siendo niña tuvo el valor de contar lo que había vivido».
Secuelas, amenazas y el desarraigo
Según detalló el penalista, la víctima sufrió amenazas para evitar que hablara. Tiempo después, logró relatar lo ocurrido a su abuela, quien dio aviso a los padres para radicar la denuncia.
A partir de la causa judicial, la querella dio a conocer la complejidad del proceso y las secuelas que afectaron la salud: atravesó graves consecuencias emocionales y psicológicas que requirieron tratamiento médico continuo, además de presentar crisis de ausencia y convulsiones.
Asimismo, Kovacevich señaló que, tras la radicación de la denuncia, la familia también sufrió amenazas, lo que hizo que abandonaran Santo Tomé para trasladarse y radicarse en otro punto del país, interrumpiendo sus vínculos sociales y vida cotidiana.
“Los tiempos de la víctima no son los tiempos de la Justicia”
Si bien la querella había solicitado una sanción de 17 años de prisión, valoró la detención inmediata ordenada por la jueza Labanca tras la lectura del fallo.
Sobre la prolongada demora de 10 años hasta arribar al juicio, el abogado hizo hincapié en el impacto del paso del tiempo sobre la vida de la joven, quien hoy tiene 20 años. «Los tiempos de la víctima no son los tiempos de la Justicia, pero detrás de este expediente hay una vida que no puede quedar atrapada en el paso de los años».
En esa línea, Kovacevich concluyó: «La niña, hoy ya mujer, esperó diez años para que su verdad llegara a un tribunal. Hoy esa espera tiene una respuesta judicial. Porque el tiempo podrá pasar, pero la verdad no prescribe en la memoria de quien la sufrió: cuando una víctima encuentra el coraje para hablar, la Justicia tiene el deber de escuchar».
