El productor agrícola Samuel Doichele denunció al titular del espacio libertario de esa provincia, Adrián Carlos Núñez, por retener el 10% de los salarios de integrantes de la obra social y de la Anses
El productor agrícola Samuel Doichele denunció al titular de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Carlos Núñez, por retener el 10% de los salarios de diferentes integrantes del Programa de Atención Médica Integral (Pami) y la Administración de la Seguridad Social (Anses), en el marco del escándalo que se desató en el espacio libertario y que afecta a la obra social de jubilados y pensionados.
Doichele se refirió a su afiliación a La Libertad Avanza y argumentó: «Como referente de Colonias Bandas me sumé como referente de La Libertad Avanza en Misiones con la sed y el hambre de contar con un partido sano y limpio, porque en Misiones desde hace 25 años está un Gobierno muy corrupto y malo, que nos saca la libertad y no nos deja producir”. “En enero empezamos a recibir quejas», contó en el canal C5N.
En tal sentido, detalló la denuncia. «En PAMI y Anses hay funcionarios buenos y ellos nos avisaron lo que pasa. La denuncia es que se pedía 10% de los sueldos para una cuenta particular, ni siquiera para el partido. Hicimos los reclamos internos. No tuvimos ninguna respuesta», advirtió. «Pedimos una reunión de Carlos Núñez con los referentes. Él no fue a la reunión. Se hizo un acta donde le pedimos la renuncia y que devuelva el dinero. Hay aproximadamente 11 empleados afectados», marcó en esta línea.
La interna de La Libertad Avanza se trasladó al PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, donde estalló un escándalo por coimas y «cajas negras» que salpica a Sebastián Pareja, el armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
En tanto, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados anunció que acaba de iniciar una revisión integral de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones con el objetivo de eliminar prácticas discrecionales, que según afirma un comunicado de la entidad fueron «heredadas de gestiones anteriores».
Según detallaron desde el organismo, «durante años el PAMI fue utilizado con fines políticos, estableciendo estructuras clientelares en distintas regiones del país y convirtiendo al Instituto en una herramienta para negocios privados al margen de la ley». Con esta iniciativa, la actual gestión busca poner fin a estas dinámicas mediante una política centrada en el «orden institucional, la transparencia y el control del uso de los recursos».
De acuerdo a lo informado en el comunicado, uno de los hallazgos más relevantes en esta etapa inicial fue el uso excesivo de las denominadas “vías de excepción” para la entrega de medicamentos e insumos. Este mecanismo, que debería utilizarse solo en casos extraordinarios, se aplicaba con frecuencia para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, lo que generaba un «contexto propicio para la falta de transparencia y posibles desvíos de fondos públicos».
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