Es para el 15 de octubre, mismo día en que está programada una nueva marcha federal universitaria. En el orden del día también figuran tratamiento de proyectos para el endeudamiento familiar y prórroga a la emergencia en discapacidad. La decisión del máximo tribunal desató la voluntad de completar la caída de todo el decreto presidencial que ya fue rechazado por el Senado
Diputados de varios bloques de la oposición solicitaron este jueves al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14 con un temario que incluye tres iniciativas: el establecimiento de un régimen de endeudamiento familiar, el tratamiento del DNU 70/2023 y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
La fecha elegida no es cualquiera. Para ese día, también está prevista la nueva marcha deferal universitaria ante la negativa oficial para cumplir con la ley de financiamiento de la educación superior pese a la ratificación parlamentaria y las órdenes judiciales.
El pedido está firmado por legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, la izquierda y la Coalición Cívica. Es una reacción a la decisión de la Corte Suprema de Justicia por la que el 29 de septiembre el máximo tribunal revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del mega DNU 70/2023, que deroga la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación. Y aunque aclaró que no es un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, en la práctica dejó sin efecto las restricciones a la venta de tierras rurales –incluídas las de frontera o con recursos estratégicos– a empresas o personas extranjeras.
Se trata de un escenario peor que la flexibilización de la norma de tierras que el oficialismo tuvo que retirar tras la puesta en valor de la soberanía territorial a partir de que, durante el Mundial de Fútbol, los jugadores de la Selección mostraran al mundo una bandera sobre la causa Malvinas.
El DNU 70/2023, denominado «Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina», fue firmado en diciembre de 2023 y modificó o derogó gran cantidad de normas.
En particular, su artículo 154 deroga la Ley de Tierras Rurales. La norma establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Fijaba además topes por nacionalidad y por titular. Y establecía restricciones para inmuebles ubicados en zonas de frontera y aquellos que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Con la decisión de la Corte, la derogación dispuesta por el DNU 70/23 quedó vigente, por lo que ya no rigen esos límites.
Ese decreto nunca fue tratado en Diputados. Para voltearlo, es necesario el rechazo de las dos Cámaras del Congreso por mayoría especial. En el Senado eso ocurrió en marzo de 2024.
Por eso, el DNU 70/23 continúa vigente. Ahora la oposición en la Cámara baja busca cerrar el proceso para su caída.
El primer punto del temario propuesto por la oposición, Orden del Día 433, es sobre «Ley de Endeudamiento Familiar. Establecimiento». La iniciativa busca consensuar herramientas para atender la situación de las familias con dificultades para afrontar sus deudas.
El debate llega al recinto después de que las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor avanzaran con proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar.
En Diputados hay unas 50 iniciativas relacionadas con la morosidad de las familias. Incluyen propuestas sobre tarjetas de crédito, intereses, cuentas sueldo y varios mecanismos de refinanciación y desendeudamiento.
Entre los proyectos presentados se encuentra uno que propone un régimen integral de protección y desendeudamiento de las familias argentinas, con modificaciones al DNU 70/2023 y a las leyes de Defensa del Consumidor y de Tarjetas de Crédito.
El tercer punto es el Orden del Día 350 por el que se propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La ley actualmente establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla por un año.
Entre las disposiciones de esa norma figura el financiamiento de pensiones no contributivas, asistencia y regularización de deudas de prestadores, actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas y una compensación de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad.
La prórroga hasta 2027 ya fue planteada mediante distintos proyectos y fue uno de los temas que Diputados comenzó a trabajar en comisiones durante septiembre.
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