Tras el rechazo de la Corte, todo depende de Griesa

Argentina perdió definitivamente el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitre. Fue cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el pedido de apelación presentado por los abogados que representan al país en este caso, sin dar lugar a la alternativa de una consulta al gobierno de Barak Obama, lo que hubiera posibilitado ganar tiempo (nunca tener un fallo favorable). La posibilidad de que el máximo tribunal norteamericano tome el caso y lo analice en este período judicial ya había quedado descartada el jueves pasado, con lo que la Corte fue fiel a la jurisprudencia local: no dar marcha atrás a fallos de primera y segunda instancia unánimes en un sentido.

En el caso argentino, a favor de los fondos buitre. Queda ahora en firme la decisión que en octubre de 2012 había tomado el juez de primera instancia del segundo distrito de Nueva York, Thomas Griesa, y que fue ratificada en agosto de 2013 por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad: reconocer el derecho de los bonistas que no entraron a los canjes de deuda de 2006 y 2007 de reclamar el 100 por ciento del dinero de los bonos caídos en default en diciembre de 2001. Esto incluye los que están en poder de fondos como NML Elliot (del magnate norteamericano Paul Singer, que en algún momento embargó la fragata Libertad en Ghana), Olifant y Aurelius, junto con los de 15 argentinos que litigan con ellos y el resto de los holdouts que aún no se presentaron en el juzgado de Griesa.

Queda también en firme la decisión de este magistrado de primera instancia de aplicar la cláusula “PariPassu”, por la cual todos los bonistas de deuda argentina tienen el mismo derecho, hayan o no ingresado a los canjes. Y la decisión de embargar todos los pagos que haga el país en bancos de Wall Street para liquidar ese dinero entre los bonistas; incluyendo los fondos buitre.

El dinero que Argentina debería reconocerles a los que ganaron en la mañana de ayer con el fallo son unos 1.330 millones de dólares. Sin embargo, habrá que sumar el resto de los fondos buitre que aún no se presentaron a reclamar por lo suyo (ahora legalmente suyo), y que llevaría esa suma a unos 7.000 millones de dólares. Entre estos fondos está el de Kenneth Dart, que ya la semana pasada pidió turno en el juzgado de Griesa adelantándose a la decisión de la Corte.

Pero, además, en el caso de que el juez no abra una instancia negociadora (y si Argentina pagara el dinero que reclaman los fondos buitre), reclamarían también por su quita todos los bonistas que sí ingresaron en los canjes de 2006 y 2010. Ese dinero totalizaría unos 13.000 millones de dólares, según cálculos del propio Ministerio de Economía de Axel Kicillof. Sumando todo el reclamo, el monto ascendería a unos 20.000 millones de dólares, con reservas en el Banco Central de algo más de 28.000 millones.

En otras palabras, pagar sería una utopía, y cumplir el fallo de Griesa de un pago al contado resultaría imposible. De ahí se especula con la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones en el juzgado del añoso juez neoyorquino o la declaración simple y directa de un “default técnico”, y la liquidación de la deuda argentina en el mercado de capitales de Buenos Aires.

Mientras tanto, seguirá corriendo el tiempo hasta enero de 2015, cuando Argentina pueda sentarse a negociar en igualdad de condiciones con los fondos buitre, sin la vigencia de la cláusula Rufo (Rights Upon Future Offers) por la cual a partir del año próximo se le reconoce los derechos de cobrar a los que aceptaron el canje de deuda (el 93 por ciento del total del dinero en default) lo mismo que se les pague a los bonistas que no ingresaron en algún pago posterior a los canjes de 2006 y 2010. Hasta ese momento, Argentina sería una especie de “paria financiera mundial” si es que Griesa no abre una instancia negociadora.

Queda firme también la visión de una justicia norteamericana absolutamente imposible de influenciar. En los últimos meses, pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que considere el caso los gobiernos de EE.UU., Francia, México, Brasil, todo el Mercosur, el G-20, el G77, China, el FMI y hasta el papa Francisco. Nada surtió efecto sobre los 9 jueces de la Corte que mantuvieron la jurisprudencia del sistema norteamericano hasta las últimas consecuencias.

Queda también la duda sobre qué pasará ahora con el mercado en Wall Street de colocación de deuda voluntaria para los estados en desarrollo, un volumen de más de 20.000 millones de dólares que ahora quedará jaqueado luego de la jurisprudencia que marcó la Justicia con el “juicio del Siglo”.