Tras la brutal explosión en la madrugada de este miércoles en la planta de agroquímicos de San Nicolás, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar: ordenó el cese inmediato de la actividad de la agroquímica y adelantó que en caso de incumplimiento le aplicará 10 millones por día de multa
Atanor es la productora de herbicidas más grande del país y una de las más importantes del mundo. Una explosión durante la madrugada de este miércoles en su planta industrial de San Nicolás, ubicada en el ejido urbano de esa localidad bonaerense sobre el río Paraná, dejó a un trabajador herido de gravedad, provocó una descomunal nube tóxica y esparció material particulado en un radio de varios kilómetros. Las consecuencias son aún inciertas. Vecinos de cinco barrios compartieron testimonios sobre el aire irrespirable, olor a veneno e hinchazón en los ojos junto a imágenes donde se observa un polvo blanco que cubrió todo tipo de superficie. Se trata nada menos que de Atrazina, un poderoso herbicida que estaba siendo procesado en el sector donde explotó un reactor.
Hace un año, la firma fue condenada por verter desechos tóxicos ilegalmente en el río Paraná y según la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), que inició las acciones legales contra Atanor, todavía no cumplió con ninguna de las medidas “urgentes” dispuestas por la Justicia en materia de riesgo ambiental pese a reiteradas intimaciones.
Ante ello, durante la mañana de este miércoles la ONG tramitó una medida cautelar de urgencia que la jueza provincial Luciana Díaz Bancalari, a cargo del juzgado de Ejecución Penal, avaló de manera exprés.
La misma dispone “el cese inmediato de la actividad de la planta de Atanor y la prohibición total de salida de camiones con residuos y/o materiales de la planta hasta tanto no se expidan todos los organismos competentes que determinen fehacientemente que se encuentran dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”. Asimismo, y ante los reiterados incumplimientos por parte de la firma de fallos judiciales, la jueza dispuso “una multa de diez millones de pesos ($10.000.000) por cada día de incumplimiento.
El amparo ambiental contra la firma Atanor fue interpuesto por Fomea en 2015 para denunciar la “masiva” contaminación del ambiente con agroquímicos y la “grave” afectación en la salud de los vecinos de esa localidad, puesto que la empresa se ubica en pleno ejido urbano de San Nicolás.
El 6 de marzo de 2023, a ocho años de iniciada la investigación, la jueza Luciana Díaz Bancalari dictó sentencia definitiva tras dar por probado “el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor SCA”.
La pesquisa judicial logró demostrar el vuelco de desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática, en tanto la jueza destacó que “no puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”.
El fallo fue confirmado en mayo pasado por la Cámara de Apelaciones y actualmente se encuentra apelado ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
Desde Fomea realizaron distintas presentaciones para denunciar irregularidades e incumplimientos judiciales, entre ellos graves cuestionamientos a un perito oficial apartado de su función la semana pasada.
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