Tribunal de Justicia dice que hechos son de «gravedad institucional»

En una acordada difundida hoy, los miembros del máximo órgano de Justicia de la provincia lamentaron «la muerte de dos formoseños» durante los hechos ocurridos durante un procedimiento encabezado por el juez de instrucción de Clorinda Julio Mouriño.

El documento surgió luego de un informe que elaboró el ministro del Tribunal Superior de Justicia Ariel Coll, quien luego de entrevistar al juez Mouriño, a la fiscal, a policías y aborígenes concluyó que el magistrado «corrió riesgo de vida durante el desalojo», destacó una fuente consultada.

Coll, en su informe, destacó que el hecho adquiere gravedad porque se originó «en una obstrucción de un procedimiento judicial que encabezó el juez Mouriño», quien no pudo concretar la diligencia.

El vocero judicial dijo que el juez de Clorinda Santos Garzón ya recibió el resultado de las autopsias practicadas al policía Heber Falcón y al integrante de la comunidad toba Roberto López.

Las mismas indican que el policía Heber Falcón presentaba varios impactos de escopeta y que el toba Roberto López tenía entre seis y siete impactos de una arma larga cuyo calibre coincidiría con el de un Itaka.

Garzón ordenó que la investigación la realice personal de Gendarmería y dispuso el secuestro de todas las armas de fuego utilizadas en el lugar, escopetas, pistolas nueve milímetros e Itakas.

También mandó a realizar análisis de parafina tanto a los integrantes de la comunidad toba que estuvieron demorados tras los incidentes como a los policías que intervinieron en el hecho para saber si tienen restos de pólvora en su cuerpo.

El juez, quien ya tomó declaración en calidad de testigo a Mouriño, a su secretario Pablo de Filippi y a la fiscal Gloria Rezala, «posee un video en el que está filmado todo el hecho, con lo que se va cerrando el círculo y no se descarta que se produzcan detenciones en las próximas horas», destacó la fuente.

Los violentos episodios ocurrieron el martes cuando, por causas que se investigan, se originaron incidentes por la propiedad de tierras que los indígenas reclaman, a metros de la ruta nacional 86, que anoche quedó liberada al tránsito.

Como consecuencia de estos hechos murieron dos personas, y se aclaró que un tercer integrante de la comunidad toba que murió no fue durante los incidentes sino de una enfermedad.

Continuaban internados en el hospital de alta complejidad de Formosa Sixto Gómez, de 55 años, que está en terapia intensiva en coma farmacológico, mientras que el indígena Samuel Garcete, de 50 años, y el policía Leonardo Bence se encontraban fuera de peligro, informaron fuentes médicas.

En tanto, otros dos indígenas internados en el hospital de Laguna Blanca evolucionan favorablemente.

Los delitos que se investigan son «resistencia a la autoridad, lesiones, daños y doble homicidio».

27 de los indígenas detenidos fueron acusados de delitos excarcelables por lo que fueron liberados anoche, mientras sigue preso Eugenio Fernández de 24 años porque está acusado de «resistencia a la autoridad y abuso» en perjuicio de una mujer policía.

La fuente judicial consultada dijo que el juez Mouriño encabezaba la comisión policial para garantizarles a los indígenas que se iban a respetar sus derechos constitucionales y que cuando los policías ingresaron al campo se originaron los hechos violentos.

«Como consecuencia cae muerto a pocos metros del juez el policía Falcón quien en ese momento intentaba proteger al magistrado de los disparos», destacó el vocero.

Precisó además que el juez «estuvo a la cabeza del procedimiento para garantizar que todo se diera dentro de un marco legal y evitar los excesos de violencia pero no pudo evitar los hechos».