El medio afirma que la medida fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el fin de presionar a las personas a "autodeportarse”
La Administración de Donald Trump ha incluido a más de 6 mil migrantes, en su mayoría de latinos, en la base de datos de gente fallecida, eliminando sus opciones para trabajar legalmente en Estados Unidos o solicitar beneficios sociales, reportó el diario The Washington Post.
La medida fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el objetivo de presionar a las personas indocumentadas a que abandonen el país, explicó un funcionario de la Casa Blanca al periódico.
Esta nueva política se basa en dos memorandos internos firmados el pasado lunes que autorizan al Seguro Social a incluir a migrantes en el archivo de defunciones por razones de seguridad nacional.
Las personas en la mira son migrantes registrados en la Seguridad Social que perdieron su estatus legal o aquellos que ingresaron al país en programas migratorios de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) y que han expirado bajo el actual Gobierno.
Las fuentes indicaron al diario que algunas de las personas afectadas están incluidas en la lista de vigilancia terrorista del FBI.
De acuerdo con el rotativo, el Gobierno planea incluir en el listado de fallecidos a 92 mil migrantes con algún tipo de condena penal.
“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, declaró Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
Según The Washington Post, algunos funcionarios de la Seguridad Social han cuestionado la legalidad de esta práctica, argumentando que incluir en ese listado a personas que se sabe que están vivas viola las leyes de privacidad.
La estrategia de Trump contra la inmigración incluye la revocación de varios permisos emitidos por el Gobierno de Biden, una aplicación para teléfono para que los migrantes soliciten su deportación y el envío a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador de personas presuntamente acusadas de formar parte del crimen organizado.
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