Centenares de taxistas bloquearon ayer varias arterias de Río de Janeiro, incluido el acceso a los aeropuertos, para protestar contra el desarrollo del servicio Uber en esta ciudad brasileña que será sede de los Juegos Olímpicos en cuatro meses.
Portando banderas, al son del himno brasileño difundido por parlantes y con mensajes de “Fuera Uber” impresos en las capotas de sus autos amarillos, los taxistas cariocas cortaron tres carriles del Aterro de Flamengo, que comunica el centro de la ciudad con barrios como Ipanema y Copacabana, donde también se produjeron piquetes, según constató un fotógrafo de la AFP.
El ya caótico tránsito matinal de Río empeoró con enormes atascos en las principales arterias.
El paso por el puente que conecta con la vecina Niteroi y la neurálgica Avenida Brasil, que va de los suburbios al centro, también fueron cortados.
“No a la piratería, el taxista es un profesional”, se leía en una de las pancartas desplegadas cerca del aeropuerto doméstico Santos Dumont, ubicado en el centro, donde se formaron largas colas frente a las paradas de autobuses.
“Quien está contra la corrupción, no usa piratas”, decía otro cartel, en referencia a las masivas manifestaciones opositoras que denuncian los escándalos en la estatal Petrobras.
Uber, el servicio estadounidense de viajes remunerados, aún no fue legalizado en Río de Janeiro, pero puede funcionar gracias a una medida cautelar en la Justicia.
Cada día son más las personas que deciden unirse a la plataforma, a la que ven como una alternativa al desempleo creciente por la crisis.
Durante la protesta, los taxistas que llevaban pasajeros eran exhortados a parar el auto. El sitio G1 mostró a un taxista pateando el auto de un colega por no haberse sumado al movimiento.
Uber, que puede costar hasta la mitad de un taxi común, ofreció descuentos de 20 reales (5,5 dólares) en los viajes iniciados o finalizados en áreas con problemas con el transporte público.
En tanto, en las redes sociales, proliferaron mensajes de rechazo a la protesta de los taxistas.
Dos detenciones por el caso “mensalao”
Un ex secretario general del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) y un empresario fueron detenidos ayer en Brasil por su presunta implicación en un esquema de “blanqueo de capitales” para saldar deudas de esa organización política, informaron fuentes oficiales.
Las investigaciones se realizan en el marco de la operación Lava Jato (lavado a presión) lanzada en 2014 por el juez Sergio Moro contra una supuesta red de corrupción en torno de Petrobras e implica a figuras del “mensalao” (el salariazo) para la posible compra de votos de parlamentarios durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007).
Los detenidos son el exsecretario general del PT, Silvio Pereira, y el dueño del Diario del Gran ABC (en la región de San Pablo), Ronan Maria Pinto, precisó el procurador Diogo Castro.
Los presuntos fraudes se habrían cometido a través de un empréstito bancario concedido en octubre de 2004, por un monto de 12 millones de reales (3,2 millones de dólares al cambio actual), a un empresario, pero cuyo “destinatario real era el Partido de los Trabajadores”, precisó en un comunicado la Justicia Federal de Paraná, el estado desde donde actúa Moro.
“Ese préstamo (…) nunca fue devuelto”, pero “se simuló su cancelación mediante un contrato (…) de pago de embriones de ganado bovino” del empresario que lo había contraído al banco Schahin, añadió el comunicado.
Pero “la verdadera causa para saldar la deuda habría sido la contratación de Schahin por la petrolera Petrobras”, para financiar una operación de prospección submarina, indicó.
La Policía Federal anunció que pretende “profundizar la investigación sobre el esquema de blanqueo de capitales por cerca de 6 millones de reales (1,66 millones de dólares al cambio actual), procedentes de la gestión fraudulenta del Banco Schahin, cuyo perjuicio fue asumido por Petrobras”.
El escándalo del “mensalao”, coordinado por José Dirceu, el entonces jefe de gabinete de Lula, tiñó de sospecha a la plana mayor del PT.
Silvio Pereira había evitado sentarse en el banquillo tras alcanzar un acuerdo con la justicia para cumplir una pena alternativa con actividades comunitarias. Los cargos que pesaban sobre él hubieran podido costarle de uno a tres años de cárcel.
