Este lunes la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer la última actualización del informe que detalla los datos más relevantes de cada juicio y permite el acceso completo a las condenas dictadas desde 2006
Desde 2006 Argentina vive un proceso único en el mundo: investiga y juzga a los responsables del genocidio en tribunales de su propio país. Desde entonces ya se dictaron 332 sentencias. Así lo detalló el informe que confecciona año a año la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El dossier tiene 196 páginas y puede verse completo aquí. Contiene un resumen y descripción de los principales datos de las 332 sentencias dictadas entre 2006 y 2024 en todo el país.
Previo a ese momento Argentina había pasado por distintas etapas: en 1985 fue el Juicio a las Juntas, contra los jerarcas militares, pero ese proceso se paralizó a partir de la ley de Punto Final en 1986 y la de Obediencia Debida en 1987. Entre 1989 y 1990 se terminó de fortalecer el sistema de impunidad contra genocidas a través de los indultos.
Recién en 2006 la Corte Suprema declaró inconstitucionales los decretos y así se reanudaron los juicios en todas las jurisdicciones por los crímenes cometidos por el Estado contra su población entre 1976 y 1983, que fue el tiempo que duró la última dictadura militar en el país.
El trabajo de la Procuraduría presenta una ficha con los datos más relevantes de cada juicio y contiene el acceso a las sentencias completas.
Las sentencias aparecen ordenadas por año y cada resumen incluye una ficha sobre la cantidad de víctimas y de acusados que integraron el objeto de los procesos, una síntesis de los hechos arribados a juicio y acreditados: delitos sexuales, privación ilegítima de la libertad de niños, niñas y adolescentes, responsabilidades de funcionarios judiciales y de empresarios, y datos contextuales.
Cada caso está identificado con el nombre genérico con el que es reconocido en las jurisdicciones y contiene el enlace para el acceso a las sentencias completas.
El trabajo de la Procuraduría desarrolla la información desde los primeros dos juicios orales realizados en 2006, tras la reapertura de las causas por crímenes del terrorismo de Estado, en los que fueron condenados Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón (alias «turco Julián»), en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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