Economía

Un cuarto de millón de jubilados santafesinos cobra la mínima con bono o aun menos

Un informe del Cepa detalla el impacto del congelamiento del bono, la quita de refuerzos y del reintegro del IVA sobre la economía provincial

Desde diciembre de 2023, el sistema previsional volvió a ocupar un lugar central en la estrategia económica del gobierno nacional, pero no como un pilar de protección social sino como una de las principales variables de ajuste. En la provincia de Santa Fe, donde viven más de 485.000 personas jubiladas, las decisiones tomadas en el último año y medio tuvieron un impacto directo y profundo sobre los ingresos de los adultos mayores y, por arrastre, sobre el consumo y la actividad económica local. Así lo expone un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que pone cifras concretas a una política que, según la economista Lucila Rivolta, “tomó a las jubilaciones como la caja de ajuste”.

Santa Fe concentra uno de los universos más grandes de jubilados del país: más de 448.000 de ellos están afiliados al Pami, lo que da cuenta de la centralidad del instituto en la atención sanitaria de los adultos mayores y también de su peso en la economía provincial. En ese contexto, el congelamiento del bono previsional, la eliminación de refuerzos para los jubilados de menores ingresos y la supresión del reintegro del IVA para consumos básicos configuraron un escenario de pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El principal golpe llegó con el congelamiento del bono extraordinario previsional. Desde marzo de 2024, el refuerzo permanece fijo en 70.000 pesos. Si ese monto se hubiera actualizado con la misma fórmula que los haberes jubilatorios, en enero de 2026 debería haber alcanzado los 181.865 pesos. La diferencia acumulada es contundente: entre abril de 2024 y enero de 2026, cada jubilado dejó de percibir 1.583.514 pesos.

A diciembre de 2025, el 51,6 por ciento de los jubilados del país cobraba una jubilación mínima con bono o menos. Trasladado a Santa Fe, eso implica que alrededor de 250.420 personas se encuentran en esa situación. Para ese grupo, la pérdida agregada por el congelamiento del bono asciende a 396.543 millones de pesos en menos de dos años. “Es plata que el jubilado consume –remarcó Rivolta en días previos al estudio difundido esta semana–. No va a la especulación financiera ni al ahorro en dólares. Es plata que se gasta en alimentos, medicamentos y servicios, y que con este ajuste simplemente desaparece de la economía local”.

El deterioro también se refleja en el poder adquisitivo de los haberes. Considerando una inflación estimada del 2,1 por ciento para enero de 2026, las jubilaciones mínimas con bono se ubican 17,5 por ciento por debajo del último trimestre del gobierno anterior, cuando se comparan períodos equivalentes. En el caso de las jubilaciones sin bono, la caída es del 2,6 por ciento, dice el Cepa.

A este panorama se suma la eliminación del refuerzo mensual que hasta diciembre de 2023 recibían los afiliados al Pami mayores de 60 años que percibían hasta una jubilación mínima y media. Ese complemento, de 15.000 pesos mensuales durante octubre, noviembre y diciembre de 2023, representaba el 9,3 por ciento de una jubilación mínima con bono. Con el cambio de gestión, el refuerzo fue eliminado. Si se hubiera mantenido y actualizado, cada beneficiario que cobra hasta una jubilación mínima con bono recibiría hoy 39.135 pesos adicionales y habría acumulado un ingreso extra de 752.741 pesos entre enero de 2024 y enero de 2026. En Santa Fe, la pérdida agregada por esta medida alcanza los 188.501 millones de pesos.

Otra decisión clave fue la eliminación del reintegro del IVA para jubilados y pensionados. El régimen permitía la devolución automática del 21 por ciento de las compras realizadas con tarjeta de débito en productos de la canasta básica, con un tope mensual equivalente al 21 por ciento del haber mínimo. Estaba dirigido a quienes cobraban hasta tres jubilaciones mínimas, un universo que representaba, a diciembre de 2025, el 86 por ciento del total de jubilados y pensionados del país, unos 5,2 millones de personas. Su eliminación implicó una pérdida directa y mensual de ingresos disponibles, en un contexto en el que los haberes ya venían siendo erosionados.

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