Durante la madrugada de este 29 de julio de 2025, Rusia lanzó una serie de bombardeos simultáneos contra al menos 73 localidades ucranianas, entre ellas una prisión y un hospital. El saldo: un centenar de víctimas entre muertos y heridos, afirmó el gobierno de Kiev.
Por Lucas Martín Pugliessi
En una brutal reanudación de las hostilidades, Rusia volvió a bombardear Ucrania con un saldo fatal este martes 29. Uno de los ataques más devastadores impactó en la prisión de Belenkivska, en la región de Zaporizhia, donde murieron 17 reclusos y decenas resultaron heridos mientras se encontraban en el comedor.
La ofensiva incluyó cuatro bombas de alto poder explosivo que destruyeron la estructura del penal, lo que fue calificado por Kiev como un crimen de guerra deliberado.
Los datos oficiales reflejan al menos 27 civiles muertos (22 de ellos confirmados por fuentes independientes), entre ellos los mencionados presos en una cárcel de Zaporizhia, una embarazada en un hospital de Dnipropetrovsk y 85 personas heridas en distintos puntos del país tras ataques en 73 localidades.
Las autoridades informaron que el muro de defensa antiaérea interceptó parte del ataque, pero 324 drones y siete misiles lograron superarlo. En Kiev, ocho personas resultaron heridas, incluyendo un niño de tres años, tras el impacto en un edificio con departamentos en el distrito Darnytskyi. Cuatro de los heridos fueron hospitalizados, uno en estado grave.
Volodýmyr Zelensky, presidente de Ucrania, condenó los ataques como parte de la estrategia rusa para destruir el país y exigió sanciones más duras y mayor apoyo militar internacional. Las acciones se concretaron pocas horas después de que el presidente Donald Trump impusiera un ultimátum de 10‑12 días a Rusia para avanzar hacia un alto el fuego.
La Casa Blanca amenazó con aplicar aranceles del 100 % a Rusia y sus aliados si no se alcanzan acuerdos concretos pronto. Por su parte el Kremlin respondió que sigue comprometido con el proceso de paz, aunque reafirmó que la llamada “operación militar especial” sigue adelante mientras lo considere necesario.
Voceros independientes recalcan que este ataque señala una escalada significativa en el conflicto: cárceles, hospitales y barrios residenciales ya no son daños colaterales, sino blancos deliberados.
Según Naciones Unidas, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se registraron casi 1.000 civiles muertos y 4.800 heridos, además de unos 1.900 ataques verificados a instalaciones sanitarias.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International han calificado estos ataques, especialmente contra infraestructuras críticas, como posibles crímenes de guerra por su impacto directo en la sobrevivencia civil y su carácter sistemático .
La comunidad internacional se encuentra en un punto clave. Ya no basta con condenar estos actos, coinciden diversos organismos internacionales: debe traducir su rechazo en sanciones efectivas, como multas económicas dirigidas o juicios ante la Corte Penal Internacional, para proteger a la población civil y exigir rendición de cuentas a quienes los ordenan.
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