Un nuevo incidente ferroviario activa todas las alarmas en España

España es el segundo país del mundo, sólo por detrás de China, con mayor trazado de vías de alta velocidad y ya hay quien empieza a cuestionar si una economía mediana de la Unión Europa está en condiciones de sostener semejante infraestructura. La tragedia ferroviaria del pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, en Andalucía, que este jueves cerró en 45 su número total de víctimas fatales con la aparición de los dos últimos cuerpos que faltaba por recuperar, ha actualizado un debate que ya se venía produciendo en los últimos meses ante la sucesión de retrasos, descarrilamientos y otros incidentes menores que hundieron la reputación de un servicio que, desde su establecimiento en 1992 con la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se había convertido en un motivo de orgullo nacional.

La Alta Velocidad Española (AVE), una marca que incluso ganó presencia internacional hasta el punto de ganar la multimillonaria licitación saudí de la línea La Meca-Medina –un proceso que acabó apuntando contra el entonces rey Juan Carlos por un presunto cobro de comisiones– se comenzó a extender a partir de aquel año hasta configurar un tejido ferroviario que llega a las principales ciudades de España.

El AVE se convirtió así en el principal medio de transporte para españoles y turistas. España es el segundo país más visitado del mundo, sólo por detrás de Francia.

Sin embargo, el aumento del número de trenes y la liberalización del servicio que abrió paso desde 2020 a la entrada de los operadores privados, siguiendo una directriz de la Unión Europea, conllevó un deterioro del servicio cada vez más evidente. En la línea Madrid-Sevilla, donde se produjo el accidente, el número de servicios diarios se ha duplicado en tres años.

Un mantenimiento de las infraestructuras que al parecer es insuficiente para un uso tan intensivo de las vías –el lunes se suspendieron 200 trenes que debían pasar por la zona afectada en un solo día–, ya formaba parte del debate público, pero a partir de esta semana la controversia va mucho más allá de retrasos, suspensiones o incomodidades. Ahora se habla de inseguridad y las coincidencias parecen haberse conjurado para disparar el temor.

El pasado martes, dos días después de que se produjera el primer accidente fatal en unas vías de AVE, la caída de un muro sobre las vías de un tren suburbano en Cataluña a causa de la lluvia causó un accidente en el que murió un maquinista. Este jueves, un choque entre un vehículo-cesta grúa y un tren de cercanías con 16 pasajeros a bordo en la ciudad murciana de Cartagena dejó seis heridos leves.

Ni el accidente de Cataluña ni el de Murcia tienen relación alguna con el trágico accidente de Andalucía ni se asemejan en gravedad, pero la concurrencia de nuevos siniestros cuando todavía se están levantado cadáveres amenaza con despertar un estado de psicosis y activará sin dudas el debate sobre la inversión, o la falta de ella, en el mantenimiento de un servicio de transportes que pretende ser de vanguardia.

Las primeras protestas han surgido desde los más afectados. Los sindicatos de maquinistas anuncian una huelga general de tres días para el 9, 10 y 11 de febrero, una movilización que ya ha tenido su preludio en Cataluña, donde los conductores se niegan a volver a poner en marcha los trenes de cercanías. En Barcelona, sólo seis de los 140 maquinistas que estaban citados para trabajar se presentaron para ponerse al frente de las locomotoras.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, un político de verbo filoso y uno de los escuderos más activos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este jueves un llamamiento a la tranquilidad. “Es una semana muy difícil y tenemos que intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación”, dijo en una entrevista radiofónica en la que también pidió que no se ponga en cuestión la red ferroviaria española. “No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte”, dijo.

Sin embargo, lo que parece reinar de momento es cierto desconcierto. En una decisión que da la razón a los maquinistas, ADIF, entidad pública que administra las infraestructuras ferroviarias, anunció este jueves su decisión de reducir temporalmente las velocidades máximas en varias líneas, entre ellas la de Madrid-Orense-Santiago, que pasa de 300 a 220 kilómetros por hora; en seis puntos del trayecto Barcelona – Valencia y en varios tramos de la línea más transitada (Madrid-Barcelona), que en seis puntos deberá reducirse de 300 kilómetros por hora a 230.

Estas decisiones, de carácter transitorio, se adoptan después de que los propios maquinistas reportaran nuevas incidencias, principalmente vibraciones en algunos tramos de vía, por lo que no se descarta que las reducciones de velocidad se tengan que ir ampliando a otros trayectos.

Los trabajadores, agrupados en el sindicato ferroviario Semaf, aseguran que habían notificado a ADIF de desperfectos detectados en las vías y de su decisión de bajar la velocidad por su propia cuenta para garantizar la seguridad, lo que está provocado una evidente tensión con el Ministerio.

Las relaciones no son las mejores después de que el ministro Puente atribuyera el aumento en la notificación de incidencias a la afectación emocional de los maquinistas tras el accidente del domingo.

Tras conocerse la convocatoria de huelga general de los maquinistas, el ministro aseguró que la protesta «tiene que ver las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo».