La Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó la condena impuesta en primera instancia contra Rita Rufino, una mujer 58 años nacida en Carcarañá, por ser autora del delito de promoción y facilitamiento de la prostitución agravada por ser las víctimas sus tres hijas menores de edad, una de ellas con un retraso mental. Igualmente, a diferencia de lo decidido por el Juzgado de Sentencia Nº 6, se le redujo la pena de diez a siete años de prisión.
El caso comenzó a tomar estado público cuando se conoció, hace tres años, que una de las hijas había quedado embarazada a los 12 años tras haber tenido relaciones sexuales con hombres mayores a cambio de dinero.
A la condenada se le atribuye –entre otras cosas– haber promovido y facilitado la prostitución de una de sus hijas, Alejandra, enviando a un hombre a su propia casa “a los efectos de que mantenga relaciones sexuales con ella a cambio de la suma de 20 pesos”.
En otra circunstancia llevó a un grupo de albañiles para que mantengan relaciones con Alejandra junto a Natalia y Amalia, sus dos hermanas, también a cambio de dinero.
La mujer mantenía a sus hijas bajo amenaza y las hacía actuar en contra de su voluntad, diciéndoles que si no lo hacían las echaría de su casa. En otras ocasiones fueron golpeadas y las obligaba a tener relaciones sexuales mientras simulaba estar dormida.
A modo de defensa, los abogados de la condenada dijeron en su oportunidad que el fallo era injusto y que ella era inocente, desmintiendo los testimonios de los testigos, muchos de ellos personas de su entorno.
Además, destacaron que la sentencia se basaba “en inferencias que no habilitan a condenar y que no se evaluaban otros testimonios favorables, que dicen que el trato de la madre era bueno y que no le consta que hubiere este tipo de conducta por parte de su defendida”.
También remarcaron el “estado de vulnerabilidad” de la condenada y que la pena era “notoriamente excesiva y desproporcionada, peor que la de un homicidio doloso, por lo que debería reducirse por debajo del mínimo legal”.
Pena cruel
“La pena impuesta es cruel y desproporcionada. Nada se dijo en el fallo sobre la historia de vida de la acusada. Ella fue madre a los 15 años, siendo que este contexto cultural no puede obviarse. En su pensamiento no acepta el aborto”, destacaron.
Más adelante, indicaron que es “un chivo expiatorio de una situación en donde el Estado excluye a una persona que ahora juzga”.
En el fallo se remarca que la declaración de Alejandra refleja una descripción altamente verosímil del accionar al cual era sometida a trato sexual a cambio de dinero y también con distintos sujetos de presunta nacionalidad paraguaya que trabajaban en una obra cercana.
Entre los distintos testimonios, una de las personas que mantuvo relaciones con una de ellas dijo que eran “consentidas” y que “tuvo al menos trato sexual vaginal y anal al menos una noche” y que la había ido a buscar a la casa de la condenada.
Por su parte, Natalia también confirmó “las relaciones íntimas que tenía con un paraguayo que conoció en una obra en construcción desde que tenía 15 años, el que le daba plata y colaboraba en la casa con dinero”.
El caso
El caso detonó cuando en septiembre de 2012 se conoció que una nena de 12 años había dado a luz un bebé en el hospital Centenario. Eso, de acuerdo a la legislación vigente, prefigura un caso de abuso sexual. Así fue que el fiscal carcañarense Ángel Granato ordenó iniciar una causa y la investigación comenzó con un recorrido por el barrio donde vivía la joven madre y su familia.
Más de una decena de testimonios refirieron una situación de explotación sexual por parte de Rita, en un contexto de pobreza extrema.
En la causa fue vital el testimonio aportado por una trabajadora social quien tomó contacto con el drama cuando empezó a tratar a una de las hijas de Rita.
