Para la fiscalía Ojudo decidió terminar la "bronca" que tenía con Jonatan Schneider matándolo a tiros. En esa balacera además fue asesinada Graciela, una referente del lugar que estaba en la plazoleta con sus nietas disfrutando la tarde del domingo
Una enemistad entre Ojudo y Jonatan Schneider fue el origen del crimen del segundo, según la hipótesis fiscal. En la balacera que terminó con su vida hubo las balas alcanzaron a Graciela Carrizo, de 57 años. La mujer era una referente del lugar, integrante del centro cultural Unión Sur y del Movimiento Evita. Ese primer domingo de septiembre, por la tarde, estaba en la plazoleta del barrio Molino Blanco con sus nietas cuando las balas comenzaron a silbar, una de ellas le pegó en la cabeza y resulto fatal.
Este caso es una clara muestra del desprecio por la vida. No importó el entorno en el objetivo del tirador que, a plena tarde de un domingo y en inmediaciones de un espacio verde, arremetió a balazos contra su contrincante sin tener en cuenta lo que podía suceder con la gente que estaba en los alrededores.
Según la Fiscalía, la tarde del 4 de septiembre, Miguel Ángel Ojudo L. estaba con Diego A. y otra persona cuando vio venir a Jonatan Schneider, de 31 años, con un familiar. Ambos iban en bicicleta por Juan Pablo II entre Bermúdez y pasaje 544. Los dejaron pasar y utilizando dos armas le dispararon al menos 15 veces. Esos plomos mataron a Schneider quien recibió una docena de disparos, otros siguieron su recorrido y uno de los plomos impactó en la cabeza de Carrizo.
Según una fuente judicial, los testigos presenciales sindicaron a Ojudo y contaron que había una enemistad entre este joven y Schneider. Incluso un familiar del primero declaró y dijo que estaba en Funes cuando lo llamaron para que no volviera al barrio porque Ojudo estaba haciendo locuras. Cuando regresó se enteró del doble homicidio.
El fiscal Gastón Ávila lo imputó por el doble homicidio agravado por el uso de arma además le achacó la portación del arma utilizada en el hecho y contó que había llegado a un acuerdo con los defensores del imputado respecto a la medida cautelar. Propusieron un encierro preventivo de 90 días.
Tras evaluar el caso la jueza Valeria Pedrana tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva por el plazo de tres meses.
Al lunes siguiente del crimen y tras una serie de allanamientos Pablo R. se presentó espontáneamente en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue imputado al jueves siguiente.
Para el fiscal este hombre estaba con los dos tiradores cuando pasaron las víctimas por el lugar del crimen. En esa audiencia el funcionario del MPA pidió la prisión preventiva pero el juez Nicolás Foppiani luego de escuchar el planteo de las partes resolvió darle la libertad con restricciones.
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