Una mala para los abuelos: no cobrarán el bono de fin de año

El vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, aclaró este martes que los jubilados y pensionados de la administración central no percibirán el bono de fin de año y destacó que se logró reducir 15% la planta de personal del sector público, lo que representa unos 35 mil empleados.

«Firmamos un acta acuerdo con el sector gremial de UPCN donde se dispone que 5.000 pesos integren un bono remunerativo en diciembre para los empleados que forman parte del convenio colectivo de la administración pública», indicó Ibarra.

Dijo que implica unos «140 mil empleados públicos, pero es una referencia en general para el resto de la administración pública, considerando que hay algunos convenios y situaciones específicas que ya tienen compensaciones parecidas».

En declaraciones a radio La Red, Ibarra puntualizó que el bono alcanza a los empleados públicos de los tres poderes y que se agregan, para complementar la paritaria firmada en abril, dos incrementos en enero y febrero del 5% cada uno.

«De esa forma recomponemos también en enero la pirámide salarial porque fuimos dando durante el año algunas sumas fijas para atenuar el impacto de la inflación de los últimos meses», explicó.

Tras indicar que los integrantes de las fuerzas de seguridad recibirán el bono, precisó que no sucederá lo mismo con jubilados y pensionados.

«Por el momento el esquema que está vigente en el próximo ajuste va a tener en consideración los índices más altos de inflación por lo que ahí va a haber una mejora respecto de las remuneraciones. Se verá esa mejora pero no habrá bono», señaló.

Con respecto a la dotación de la planta del sector público, explicó que se viene haciendo un trabajo mes a mes en cada jurisdicción aplicando conceptos de presentismo, y dotaciones óptimas que debe disponer cada área para ejecutar sus tareas.

«Hemos generado una reducción del 15% de esa planta. Son alrededor de unos 35 mil casos fundamentalmente aprovechando situaciones de jubilaciones, retiros voluntarios, y alguna discontinuidad de contratos», dijo.

«Es un 15% importante en términos de las finanzas públicas, pero la contrapartida es que estamos enfocando muy fuerte la jerarquización y la mejora del empleo público», destacó.