Se trata de la mayor movilización en tres décadas contra una reforma social que modifica la edad de jubilación de 62 a 64 años escalonado hasta el 2023 y adelantar a 43 los años de aportes para cobrar una pensión completa
Decenas de miles de personas marcharon hoy por París y otras ciudades de Francia en una tercera jornada de lucha contra la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que incluyó huelgas que perturbaron el transporte público, la educación y el suministro de energía y combustibles, dijeron autoridades.
Las nuevas protestas llegaron un día después de que el Parlamento empezara a debatir el polémico proyecto de ley, que contempla el retraso progresivo de la edad de jubilación de 62 a 64 años de acá a 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.
Decenas de miles de personas marcharon por las calles de Niza, Marsella, Toulouse, Nantes y otras ciudades, así como en la norteña París, la capital.
Los manifestantes en la capital francesa, muchos de los cuales eran jóvenes, marcharon pacíficamente desde el área de la Ópera con pancartas que decían «Salve Su Pensión» y «Graven a los Multimillonarios, no a las Abuelas».
«Si el gobierno sigue sin escuchar, tendremos que pasar al siguiente nivel», advirtió el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, pidiendo huelgas «más duras, más numerosas, más masivas e indefinidas», al inicio de la marcha en París.
El Ejecutivo francés defiende una reforma necesaria para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones y para acercar la edad de jubilación en Francia, una de las más bajas de la Unión Europea (UE), a la de sus vecinos.
Amparados en altas cifras de rechazo a la medida y tras la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas, con entre 1,27 y 2,8 millones de personas en las calles el 31 de enero, los sindicatos libran su ofensiva con paros y protestas pacíficas.
El servicio de trenes y el transporte público de París estaban hoy «perturbados», aunque menos que en protestas anteriores, mientras que un vuelo de cada cinco tuvo que ser anulado en el aeropuerto parisino de Orly, dijeron autoridades.
La compañía eléctrica estatal EDF dijo que las protestas provocaron la reducción temporal de los suministros de electricidad, sin causar apagones.
Más de la mitad de la fuerza laboral estaba en huelga en las refinerías de TotalEnergies, agregó la empresa en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.
El Ministerio de Educación dijo que cerca del 13% de los docentes estaban en huelga, una disminución en comparación con el día de protesta de la semana pasada. Un tercio de las regiones francesas estaban en vacaciones escolares programadas.
Mantener el apoyo y la movilización es clave para los sindicatos. Las autoridades calculan que las marchas de hoy reunirán a entre 900.000 y 1,1 millones de personas. El Gobierno anunció el despliegue de 11.000 policías y gendarmes.
Laurent Berger, líder del principal sindicato, CFDT, llamó al Gobierno a escuchar a los manifestantes: «¿Cuál sería la perspectiva si no responde? ¿Necesitamos la indignación, la violencia y la ira para que se nos escuche?», se preguntó en una entrevista con el diario La Croix.
Sus llamados por el momento no encontraron eco en el Parlamento. Ayer, en la primera jornada de debate en el pleno de la Asamblea Nacional, 292 diputados votaron en contra y 243 a favor de una moción de la izquierda que pedía la retirada de la reforma.
«Es la reforma o la quiebra» del sistema de reparto, les había advertido el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal. La caja de las pensiones enfrentará un déficit de unos 14.600 millones de dólares en 2030, según el Gobierno.
Aunque la reforma es una promesa electoral de Macron, los observadores estiman que su reelección en 2022 se debió en gran parte al deseo de los electores de evitar la victoria de su rival en el balotaje, la ultraderechista Marine Le Pen.
Semanas después, el oficialismo perdió su mayoría absoluta en la Asamblea. Ahora busca los votos de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR) para aprobar la reforma, ante la negativa de Le Pen y de la izquierda.
En una concesión de última hora, la primera ministra, Elisabeth Borne, anunció que las personas que empezaron a trabajar entre 20 y 21 años podrán jubilarse con 63 años, pero sin lograr convencer a todos los diputados de LR.
El Gobierno, decidido a sacar adelante la reforma pese al rechazo popular, usó un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el Senado.
Después que la pandemia obligara a retirar un primer intento, el Gobierno escogió una maniobra que le permite aplicar el actual plan si las dos Cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo.
Si para el 26 de marzo, las dos Cámaras del Parlamento no lograron pronunciarse, el gobierno de Macron podrá aplicar su reforma por ordenanza.
Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su voluntad de «sacudir» el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones le valieron una imagen de «presidente de los ricos», como durante la protesta social de los chalecos amarillos, el movimiento social que sacudió a Francia y países vecinos en 2018 en reclamo de mejores salarios.
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