Una reforma que salta obstáculos

El fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, admitió ayer que “faltan recursos” para la puesta en marcha de la reforma penal –fijada para el 10 de febrero de 2014– pero aclaró que desde que el gobernador Antonio Bonfatti y la Corte Suprema decidieron la fecha “algunas cuestiones se fueron solucionando”.

Ayer por la mañana, en la sede del Ministerio Público de la Acusación, De Olazábal dio una conferencia de prensa para presentar un informe sobre la actividad anual del organismo a su cargo. Allí sostuvo: “Si bien faltan recursos y no estamos completos, desde que el gobernador tomó la decisión de poner en funcionamiento esto algunas cosas se están solucionando”.

En concreto, el funcionario judicial apuntó a los 24 pliegos que aún no fueron tratados por la Legislatura –10 fiscales titulares y adjuntos, 12 defensores titulares y adjuntos y dos jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Penal– y a la llamada ley de herramientas que modifica una veintena de artículos del nuevo Código Procesal Penal y de la ley de organización de tribunales penales y gestión judicial.

No obstante, el fiscal general confirmó que eso no es obstáculo para la reforma penal: “Sería imposible pensar que todo puede estar predispuesto con anterioridad porque habrá cosas que sobre la marcha vamos a tener que solucionar, pero rescatamos la predisposición”.

De Olazábal valoró: “El gran hito es hacernos cargo de la investigación. El cambio más importante es que hasta el momento el fiscal estaba recluido al escritorio, en cambio ahora vamos a tener un fiscal que va a tener que dirigir la investigación (en lugar de la Policía) y va a tener una presencia distinta”.

El funcionario reconoció “el acompañamiento” del Poder Legislativo con la sanción de la ley de creación del Organismo de Investigaciones Judiciales (o Policía Judicial), que permitirá al Ministerio Público contar con personal propio –agentes de la Policía pero también profesionales civiles– para llevar adelante las investigaciones más complejas.

“Como no era esperable que ese organismo esté en funcionamiento para el 10 de febrero (la ley fue aprobada recién el 29 de noviembre), hemos establecido contacto con el Ministerio de Gobierno por el que se ha creado una subsecretaría de Investigaciones que es el paso previo a la constitución del futuro organismo”, explicó De Olazábal.

El otro aspecto pendiente, en cuanto a los recursos que falta concretar, son los laboratorios de análisis criminal que se construirán en Recreo (nodo Santa Fe) y en Rosario. Para el primero de ellos –el Laboratorio Central de Ciencias Forenses– hubo un solo oferente (la firma EFE Construcciones) que cotizó los trabajos en 7.375.000 pesos cuando el presupuesto oficial de la obra se estableció en 5.247.562,05 pesos. Para el laboratorio de Rosario recién el año próximo se conocerá el anteproyecto.