Unas 3 mil familias corren riesgo de perder su casa por deudas

Juan G. tenía 62 años cuando en 2001 pidió un préstamo para pagarle una operación a su esposa. Se había jubilado anticipadamente por un problema de salud y la enfermedad de su mujer llegó con el anuncio del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo del recorte del 13 por ciento de sus ingresos. La deuda con el financista para abonar el plus del médico para entrar al quirófano era de 10.800 pesos. Juan liquidó siete cuotas de 11 mil y no pudo pagar más. Años después, desembolsó otros 74 mil por la vía judicial. Pero los intereses siguieron acumulándose y todavía le reclaman 184 mil pesos. Ayer, Juan llegó al Colegio de Martilleros de Rosario dispuesto a perder lo único que le queda: la casa en la que desde hace 40 años vive con su esposa. Pero la subasta quedó suspendida. Después de una larga negociación, en la que intermedió la organización Concejalía Popular, consiguió una nueva financiación. El de ayer fue el séptimo remate frenado de ocho previstos este mes. El riesgo de perder la vivienda única es un problema que atraviesan más de 3 mil rosarinos.

Sin remate

En noviembre de 2015 la Legislatura provincial aprobó una ley que suspendió los remates judiciales de viviendas únicas, familiares y permanentes por 180 días. La norma concedía un respiro a más de 5.500 familias de la provincia hasta septiembre del año pasado. En ese momento, la Cámara de Diputados se comprometió a encontrar una solución definitiva que les permita a los deudores cancelar acreencias ejecutables sin quedar en la calle. La iniciativa fue elevada por la Concejalía Popular de Rosario (una organización especializada en derecho a la vivienda), que había denunciado una catarata de subastas al extinguirse la vigencia de las leyes que los impedían y que abrían nuevas instancias para que las partes llegaran a acuerdos.

La sanción de la Legislatura provincial fue una prórroga de la ley 13.116, más conocida como ley Lamberto, que dispuso la suspensión de remates de viviendas únicas por 180 días. Al vencer, la mayor porción de más de 8 mil familias no logró un acuerdo con los acreedores –en muchos casos, estudios de abogados que compran las “carpetas”– y los litigios continuaron hacia sentencia, poniendo de nuevo en riesgo a las familias y activando la especulación de quienes van a comprar bienes a las subastas.

Este mes ocho deudores rosarinos debían llegar al remate. En seis de ellos, la Concejalía Popular logró una prórroga. Ayer tenía fecha Juan G., un jubilado de 78 años que se endeudó en 2001 para pagar una operación de su esposa. Tenía que abonarle al médico un plus de 10.800 pesos y acudió a un prestamista. Pero con los años los intereses de la deuda se volvieron imposibles de pagar y el conflicto llegó a la vía judicial. Después de 16 años sus acreedores fueron por su casa. El matrimonio vive en barrio Parque desde hace más de 40 años en la única propiedad que tienen a su nombre.

Juan G. llegó ayer al Colegio de Martilleros de Rosario a las 14. Según Nire Roldán, de la Concejalía Popular, propusieron al acreedor y los mediadores un pago parcial. Pero del otro lado no había intenciones de aceptar el ofrecimiento. Finalmente, el remate quedó suspendido con una salida que Roldán consideró abusiva: un pago inicial de 30 mil pesos y cinco cuotas de 35 mil.

Para Roldán es necesario que se sancione una nueva ley provincial para proteger a los más de 5 mil santafesinos que corren riesgo de perder su casa. “Para los deudores que son propietarios de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente se debe usar la mediación y la negociación del pago. De ninguna manera el remate es una solución”, explicó.

“A lo largo de la historia las leyes se hicieron para deudores hipotecarios y siempre quedaron afuera los deudores de la usura que son los más comunes porque son las víctimas de los prestamistas y especuladores financieros”, dijo el representante de Concejalía Popular y aclaró que no se trata de no pagar sino de establecer un mecanismo de cobro que no sea el remate.

Según Roldán la clave está en que los jueces que evalúan estas causas determinen el origen del prestamista. “Estamos en una época en la que crece la especulación financiera y no se controla el origen de los prestamistas”, dijo Roldán a El Ciudadano.

Tres puntos para garantizar la casa

Para frenar el riesgo que corren alrededor de 3 mil rosarinos de perder la casa desde la Concejalía Popular piden:

• Suspensión por 24 meses de las subastas de inmuebles de propietarios de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

• Crear un registro de propietarios de vivienda única, familiar y de ocupación permanente en riesgo de subasta.

• Ley Provincial de Defensa Integral de la Vivienda Única, donde se garantice la inembargabilidad en nuestra provincia.