Por: Fabián Bicciré (*)
La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales en donde se asienta el funcionamiento de una sociedad democrática. Este derecho está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en el Pacto de San José de Costa Rica en 1969. Dicho pacto establece como constitutivo de una democracia plena: a la libertad de expresión y al “derecho a recibir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa, o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La comunicación como derecho humano incluye el derecho a recibir y transmitir información. Para que este derecho sea respetado, es menester, según el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el público pueda utilizar los elementos de: infraestructura, tecnología, normativos, jurídicos e institucionales necesarios para tal fin.
En la actualidad el Estado y la sociedad están desarrollando activas políticas públicas de comunicación y promoción de nuestros bienes culturales, donde se los considera como bienes públicos y sociales a los que todos los ciudadanos tienen derecho. Es una arquitectura de políticas públicas sobre el complejo universo comunicacional, que está constituida sobre la base de desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios.
En todo su planteo se reafirma la importancia –para la conformación de un sistema mediático democrático– de la pluralidad de voces, la diversidad sociocultural y la universalización del acceso a la información. El concepto de “ciudadanía comunicativa” se pone en vigencia, así como el derecho de todo ser humano de apropiarse y crear bienes culturales, y de participar plenamente en todo el proceso comunicativo.
La universidad no puede estar ajena a los debates sobre el modelo de comunicación que se proyecta para el futuro. El saber y los conocimientos que se construyen en los espacios de la educación, la ciencia y la tecnología, deben vincularse profundamente al destino colectivo y a la construcción de un proyecto de Nación.
En este marco se inscribe la decisión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, al otorgar el Premio Rodolfo Walsh a la “libertad de expresión” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Las críticas de un gran abanico de medios en la Argentina a esta decisión, corresponde a la concepción de asociar la libertad de expresión a la idea de libertad de empresa, criterio meramente mercantil antagónico a una concepción pública y social de la comunicación y los medios.
En las universidades públicas tenemos una filosofía comunicacional diametralmente opuesta a los intereses de los grupos mediáticos concentrados.
A nuestro criterio, la concentración fenomenal del sistema comunicativo limita y condiciona profundamente la libertad de expresión, el derecho a la información, una concepción de la comunicación más plural y participativa y las distintas manifestaciones de las diversidades culturales y sociales del sistema a nivel regional y nacional.
Reducir la universidad a las lógicas del mercado, concebir al conocimiento como mera mercancía y/o subordinarlo a los requerimientos de la producción y las lógicas tecnológicas e industriales, sería desvirtuar la esencia y sustancia del conocimiento libre, crítico y creativo, y a la universidad como espacio por excelencia en la producción diversa y plural del conocimiento.
La universidad pública tiene como característica distintiva ser un espacio esencialmente crítico, libre y creativo en el proceso de construcción del conocimiento.
(*) Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Presidente de Redcom 2008-2010. Profesor de Política y Derecho a la Comunicación de la UNR.
Publicado en: Blog de Notas www.unr.edu.ar
