Además de Carrió, la presentación judicial lleva las firmas de los diputados Juan Manuel López, Mariana Stilman y Mónica Frade.
Los firmantes objetan que «la información sobre reserva y adquisición» de las vacunas al Gobierno ruso «se mantiene absolutamente blindada por parte del Gobierno argentino».
«Los legisladores nacionales no hemos podido acceder, pese a numerosos pedidos de Acceso a la Información Pública, al conocimiento de cuáles son las razones por las cuales el Poder Ejecutivo redireccionó -casi en exclusividad- todo su esfuerzo para la adquisición de la vacuna Sputnik V, soslayando otras opciones de vacunas, ya avanzadas en el conocimiento de su posible eficacia», plantearon en el escrito.
Los dirigentes opositores se hicieron eco de las dudas sobre la eficacia de la vacuna rusa en mayores de 60 años, pese a que luego el Gobierno ruso confirmó que es apta también para el segmento de adultos mayores.
Los denunciantes resaltan que esta operación comercial «sin precedentes» involucra a «un oferente cuyo producto no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos no lo será para cumplir –de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores».
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar y lo hizo en boca del diputado nacional tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos), quien consideró «una canallada» y una «irresponsabilidad» el accionar de Carrió y su fuerza política.
«La denuncia de @elisacarrio y de @MonicaFradeok a @ginesggarcia por «envenenamiento» por la vacuna Sputnik V viniendo de las autoras de «tomemos Dióxido de Cloro que cura»; no solo es una canallada sino que además involucra un enorme nivel de irresponsabilidad», tuiteó el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.