La Cámara de Diputados comienza a debatir este martes la reforma a la ley de alquileres que entró en vigencia el 1 de julio de 2020.
Este martes 5 de abril se debatirá en el Congreso nacional la reforma a la ley de alquileres. En este marco, Sebastián Artola, referente de la Federación de Inquilino Nacional en la provincia de Santa Fe, expresó: “Hay una fuerte avanzada del mercado inmobiliario contra los derechos de los inquilinos”. “Todos los proyectos presentados por Juntos por el Cambio y la posición del massismo son a favor del mercado inmobiliario”, agregó.
“Quieren contratos más cortos (de dos años o, incluso, hay algunos que plantean un año de duración), aumentos semestrales o cada tres meses, y que los ajustes los defina de manera unilateral las inmobiliarias y propietarios”. “El resultado no va a ser otro que más aumentos en los alquileres, más imposibilidad de pagar, más inquilinos en la calle y más crisis habitacional”, dijo de manera categórica Artola.
“Vamos a defender el mínimo de 3 años en los contratos y que los aumentos sólo puedan ser anuales”, expresó Artola. “Y proponemos avanzar hacia la regulación del precio inicial del alquiler y crear un impuesto a las viviendas vacías”, agregó.
“De lo que se trata es de avanzar, no de retroceder, hay que profundizar la regulación del mercado inmobiliario, la presencia del Estado y la ampliación de derechos para los inquilinos”.
“En buena hora, en los últimos días un sector del Frente de Todos se hizo eco de nuestros planteos”, sostuvo Artola, en referencia a los proyectos que ingresaron los diputados nacionales José Luis Gioja y Gisela Marziotta.
El proyecto de Gioja plantea regular el precio inicial del alquiler, beneficios a monotributistas y gravar los inmuebles deshabitados. En tanto, el de Marziotta congela el precio del alquiler hasta que se conforme una mesa donde el Estado nacional decida los aumentos anuales y propone crear la Cámara Nacional de Alquileres como organismo de control.
“Lo que está en debate es cómo se accede a la vivienda en nuestro país y hay dos modelos en disputa: si la vivienda es un negocio, un bien de especulación, que tiene que estar en manos del mercado y que los inquilinos se salven como puedan. O si la vivienda es un derecho, que debe garantizar el Estado, regulando el mercado y protegiendo a los inquilinos”, concluyó el referente provincial.
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