Venta de bebés en Rosario: «Se han manejado como una empresa; era una factoría»

La investigación judicial que involucra a las parteras Dolly y Silvia Viale sumó más de 40 denuncias de personas que buscan conocer su identidad biológica y de madres a quienes engañaron diciéndo que sus hijos habían muerto al nacer. La causa, que indaga el funcionamiento de una presunta red clandestina de venta de recién nacidos en Rosario y la región entre 1968 y 1980, avanza en los Tribunales federales con pedidos de exhumación para muestras de ADN y la citación a declaración indagatoria de una de la partera acusada.

La principal hipótesis que manejan la querella y la Fiscalía apunta a una red de venta de bebés que operaba en Rosario, pero también en localidades vecinas, como Casilda y Cañada de Gómez. Además, estiman que habría más personas involucradas, como parteros y médicos. 

“El tema de la prueba documental es dificultoso dado que los registros del Sáenz Peña han sido destruidos por la Municipalidad en su momento. Estamos hablando de registros de hace 50 años. Vamos a reconstruir a partir de testimonios de las víctimas y de las personas cercanas a los hechos”, señaló Juan Singer, abogado querellante de dos de las víctimas.

Según la investigación, las parteras operaban en domicilios particulares y en algunas instituciones públicas. La modalidad se repetía: les decían a las madres que sus bebés habían nacido muertos para luego entregarlos a familias apropiadoras a cambio de una suma de dinero. 

El abogado señaló además que investigan la participación de mayor cantidad de personas. “Tenemos conocimiento de que participaron socias de Dolly y que siempre tenía parteros asociados. Tenía una clínica clandestina donde no solamente atendía ella o la hermana, sino también otras personas que fueron variando a lo largo del tiempo. Forma parte de la investigación y de los expedientes. En el caso de Roberto, por ejemplo, la persona que lo entregó era un médico ginecólogo”, aseguró Singer, quien advirtió que no existen registros en las instituciones públicas del personal a cargo para esas fechas. “Estamos investigando en localidades vecinas donde hay enfermeras vivas que han participado y las han visto trabajar tanto a Dolly como a Silvia. El mismo accionar que han tenido en Rosario lo han llevado a todos lados. Por los tipos de respuestas que han tenido las víctimas, era algo ensayado y reproducido hasta el cansancio. Es como una factoría; se han manejado como una empresa”. 

En la mayoría de los casos, los padres de crianza de las víctimas fallecieron: “Antes de morir, les informaban a los hijos que eran adoptados, lo cual desencadenó las dudas junto con las firmas de Dolly o su hermana en la partida de nacimiento”. 

Con respecto a los padres biológicos, Singer señaló que hay varias hipótesis. En raras excepciones había familias que entregaban los bebés para la venta por una pequeña suma de dinero. “Lo que siempre se les decía era que habían nacido fallecidos o con muchas deformaciones, entonces los aislaban y no se los permitían ver a la madre. No les entregaban certificado de defunción ni el cuerpo del bebé. En un caso sí le entregaron un cuerpo, pero no coincidía con la edad biológica de un bebé recién nacido”, explicó el abogado, y aseguró que en las últimas semanas se sumaron consultas de madres en busca de sus hijos: “Se han quedado con la pregunta de qué pasó verdaderamente. Generó incertidumbre en el apropiado y en la madre biológica. Son los indicios que nos habilitan a la investigación penal”.

En la Justicia

Según explicó el abogado querellante, tanto a Dolly como a Silvia Viale les corresponden los delitos de alteración de los datos filiatorios y biológicos de una persona, y de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años. 

En ambas causas, se pidieron prórrogas dada la complejidad y la cantidad de recursos que demanda la pesquisa. Como parte de la investigación, solicitaron exhumar los cuerpos de los apropiadores fallecidos para obtener muestras de ADN y cotejar con los denunciantes. Según señalaron, los resultados tienen una demora de entre 15 y 20 días, dependiendo de la técnica utilizada. 

“La defensa no quiere la prórroga de los tiempos para limitar la cantidad de casos que pueden ingresar y así disminuir las imputaciones. Eso repercute en la escala de condena aplicable a este caso”, señaló Singer y lamentó la falta de colaboración de las acusadas. “Deberían, en un acto de humildad, colaborar y participar. Seríamos mucho más benévolos en la pena solicitada. Además, sería una forma de pacificar y de enterrar este conflicto para que las víctimas puedan dedicarse a avanzar en su vida y poner un punto final pacífico”, agregó.

En cuanto a la investigación, señaló que junto con la Fiscalía trabajan en dos sentidos: darle una respuesta penal a las personas que ocasionaron este daño, y tratar de obtener la mayor cantidad de información con respecto al origen biológico de las víctimas. “Ese es el delito más gravoso. Hay personas que no saben su verdadera fecha de nacimiento, si sus padres los esperan o si tienen hermanos. Es la violación máxima de la Constitución nacional. Hay un claro avasallamiento a los derechos individuales y personalísimos de las víctimas, que es conocer su origen biológico”, aseguró. 

En ese sentido, recordó que la postura de la Justicia es que los delitos endilgados son imprescriptibles: “Así lo argumentamos tanto la querella como la Fiscalía al inicio de la investigación, y la Justicia lo ratificó en primera instancia y luego en Cámara”.

El próximo miércoles 14, a las 10, tendrá lugar en los Tribunales de Oroño 940 una audiencia indagatoria a Dolly Viale, por la causa de Roberto, que tramita en el sistema procesal anterior. Singer estimó que se pedirán las mismas medidas de restricción solicitadas en el nuevo sistema. En tanto, por las denuncias que tramitan en el sistema nuevo, tanto la querella como la Fiscalía continúan con la recolección de pruebas y se espera que la causa se eleve a juicio. 

“Las víctimas no quieren una venganza; buscan el verdadero origen biológico. Vamos a movilizar todos los resortes de la Justicia hasta obtener ese resultado”, concluyó Singer, y recordó que cualquier persona que dude de su origen biológico o en cuya partida de nacimiento figuren estas personas puede dirigirse a la Fiscalía.