La licitación de la histórica cooperativa quedó bajo presión por denuncias contra el juez, impugnaciones de acreedores y recursos judiciales
La venta de los activos de la histórica cooperativa láctea SanCor quedó envuelta en una creciente disputa judicial porque uno de los síndicos de la quiebra y un acreedor -que también aspira a convertirse en comprador- presentaron impugnaciones para intentar suspender o modificar el esquema definido por el juez Marcelo Gelcich.
Las presentaciones, que ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a valuación de los activos y la transparencia del procedimiento. En las últimas horas surgió también la discusión sobre la venta de la empresa por partes y no como una unidad económica. Aunque por el momento ninguna resolución judicial frenó el cronograma licitatorio.
La crisis de SanCor se profundizó tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2025. En abril de este año, el juez Gelcich decretó la quiebra de la cooperativa y, entre el 11 y el 12 de junio, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación pública de sus activos.
La base de valuación fue fijada en US$ 52,1 millones y la venta se estructuró en distintos lotes que incluyen seis plantas industriales y el histórico portafolio de marcas de la compañía.
Las unidades fabriles que saldrán a licitación son las de Devoto (Córdoba) —la de mayor valuación individual, cercana a US$ 7 millones—, Gálvez, La Carlota, Balnearia, San Guillermo y Sunchales, esta última con una valuación reducida tras el incendio registrado en junio.
También forman parte del proceso las principales marcas comerciales de la empresa, entre ellas SanCor, Mendicrim, Tolem y Quesabores, consideradas por especialistas como uno de los activos intangibles de mayor valor de la cooperativa.
El pliego establece un costo de US$ 10.000 para adquirir la documentación licitatoria y exige una garantía equivalente al 10% del monto ofertado. Al menos seis grupos empresarios manifestaron interés en analizar la compra total o parcial de los activos.
La quiebra también tuvo un fuerte impacto laboral. El pasado 22 de junio venció el plazo legal de continuidad de las relaciones de trabajo. De los 914 empleados que permanecían activos al iniciarse el proceso, alrededor de 178 continuaron vinculados a la empresa mientras que más de 700 fueron desvinculados.
La ofensiva judicial contra el proceso impulsado por el juzgado de Rafaela se concentra actualmente en tres frentes.
El primero corresponde al síndico Juan Luis Tomat, quien denunció presuntas irregularidades en la administración de la quiebra. Entre otros puntos, sostuvo que fue excluido del expediente digital durante semanas en las que se adoptaron decisiones relevantes, cuestionó la designación directa de una coadministradora y reclamó que nunca se esclareció el destino de unos 24.000 kilos de queso que permanecían bajo garantía judicial.
El segundo frente es impulsado por el denominado Frente Unificado por la Defensa de SanCor, integrado por acreedores, tamberos, proveedores y exempleados, representados por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo.
La presentación solicita a la Corte Suprema santafesina la apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra el juez Gelcich y una medida cautelar de prohibición de innovar para suspender la licitación. Entre los principales cuestionamientos figuran una presunta subvaluación de activos, falta de transparencia en la administración de bienes intangibles, limitaciones a la actuación de la sindicatura y el rechazo de un plan alternativo de salvataje que, según sostienen, fue descartado por haber sido presentado pocos minutos después del dictado de la sentencia de quiebra.
El deterioro de la situación financiera también quedó reflejado en la posición adoptada por los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), que durante el proceso resolvieron solicitar formalmente la quiebra de la cooperativa ante el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, donde se tramitaba el concurso preventivo.
Pese a esa decisión, los empleados sostuvieron como objetivo prioritario la continuidad de la actividad industrial y reclamaron a la conducción del gremio profundizar la búsqueda de inversores y alternativas que permitieran preservar las plantas fabriles y las fuentes laborales.
Al momento de la quiebra, SanCor acumulaba una deuda preconcursal que incluía 1.860 créditos laborales reconocidos por unos $69.000 millones, además de salarios impagos correspondientes a varios meses, el medio aguinaldo y aportes retenidos y no transferidos a la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y ATILRA. Sólo esas obligaciones laborales generadas durante los últimos meses previos al colapso superaban los $14.000 millones.
Un tercer frente judicial fue abierto por el empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien combina una doble condición dentro del expediente: es acreedor de la cooperativa a través de Fidulac S.A., firma que preside, y al mismo tiempo integra el grupo de interesados en adquirir los activos de SanCor. El empresario fue parte del grupo económico que adquirió el canal Telefe.
El 19 de junio, apenas una semana después de que el juez aprobara los pliegos de licitación, Fidulac S.A. presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para dejar sin efecto la resolución que habilitó la venta o, subsidiariamente, suspender todo el procedimiento hasta que se resuelvan las impugnaciones.
La presentación, patrocinada por el abogado Leandro Salvatierra, cuestiona principalmente la decisión de vender las plantas industriales y las marcas por separado. Según el planteo, ese esquema contradice el principio de preservar la empresa como una unidad económica previsto por la Ley de Concursos y Quiebras y podría reducir el valor final de realización en perjuicio de los acreedores.
También objeta la ausencia de una valuación comparativa entre vender SanCor en forma integral o fragmentada, cuestiona la intervención del Comité de Acreedores y de la sindicatura durante la elaboración del pliego y pone en duda la rebaja del 20% aplicada a la valuación de la planta de Sunchales tras el incendio, al considerar que no estuvo respaldada por un informe pericial concluyente.
Aunque Scaglione no integra el Frente Unificado por la Defensa de SanCor, varios de sus cuestionamientos coinciden con los formulados por ese espacio y por el síndico denunciante, especialmente en materia de transparencia, valuación de activos y diseño del proceso de venta.
Por ahora, ninguna de las presentaciones modificó el cronograma licitatorio. Sin embargo, la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre las cautelares y denuncias presentadas será determinante para definir si la histórica cooperativa avanza hacia la venta de sus activos o si el proceso queda suspendido para dar lugar a una revisión integral del expediente.
Fuente: NA
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