Así lo informó el titular de la Agencia Nacional Portuaria, Iñaki Arreseygor, quien argumentó que el tránsito río arriba al gran Rosario es estrictamente barcacero y no amerita el gasto de tener una vía navegable apta para grandes barcos
El Once
Luego de recorrer la Terminal Puerto Rosario y de sostener reuniones en la Bolsa de Comercio rosarina, la visita de Iñaki Arreseygor dejó algunas frases importantes que anticipan las próximas medidas de la administración de Javier Milei para la Hidrovía y su ecosistema productivo.
El más polémico será el relacionado a los cambios en la ley de Marina Mercante. No es un dato menor, ya que hay mucha puja y advertencias desde sectores nacionalistas que apoyaron a la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, y suelen señalar que se trata de una medida que atenta contra los intereses nacionales, y hasta de defensa del territorio.
Pero, por ejemplo, desde el gobierno de Maximiliano Pullaro y otros funcionarios provinciales de Estados con intereses en la Vía Navegable Troncal, venían solicitando las modificaciones para que se cambie la normativa y se permita a embarcaciones de bandera extranjera hacer cargas y descargas en distintos puertos nacionales.
El titular de la Administración Nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, dejó un mensaje claro: el gobierno nacional viene a desregular y no a hacer obras. De esa forma, no le dio aire a los reclamos de algunos puertos por financiamiento nacional al dragado a pie de muelle o accesos y dijo que se tratan de tareas que deberán financiar los propios muelles.
Junto a ese anuncio, los empresarios y trabajadores portuarios tomaron nota de la frase de Arreseygor. Señaló: “El gobierno viene a desregular la actividad y lo va a hacer; pero obras, no van a haber”.
De esta manera, las obras serán de los privados y la desregulación llegará vía decreto, como suele suceder en esta gestión nacional.
También rechazó el pedido de aumentar el dragado desde Timbúes al norte, como viene reclamando Santa Fe, ya que estimó que no es necesario porque el tránsito río arriba del Gran Rosario es estrictamente barcacero y no amerita el gasto de tener una vía navegable apta para buques de gran calado.
Un buque Panamax, con carga completa requiere de un calado de al menos 42 pies (12,80 metros). En el proceso de licitación que acaba de caer, el objetivo era sostener a través de dragados una profundidad de 40 pies (12,20) hasta Timbúes.
El instrumento por el cual se realicen los cambios podría traer repercusiones entre la Casa Rosada y la Casa Gris, sede de gobierno de Santa Fe. Mientras que el Gobierno de Milei promoverá un decreto, el equipo de Pullaro prefiere que se sancione una nueva ley de Cabotaje Nacional para una actividad que tiene a pocos empresarios y trabajadores argentinos ocupados en la actualidad.
En declaraciones a Rosario3, el ministro de Desarrollo provincial, Gustavo Puccini, expresaba: “Es clave trabajar en la apertura del sector para que puedan operar embarcaciones nacionales y extranjeras bajo ciertas condiciones, maximizando el tráfico comercial proveniente de Brasil, Paraguay y Bolivia», lo que permitirá una mayor actividad en los puertos de la capital provincial y en Rosario.
La campaña “Remar Contracorriente”, nace a partir de la situación que atraviesa Argentina a través del proceso iniciado para la reprivatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay que prevé obras a lo largo de su trazado que incluye el dragado a 44 pies lo que implica la destrucción de los humedales y el impacto negativo para las comunidades a la vera del río Paraná.
“El dragado y la privatización de la Hidrovía no solo afectan nuestro ambiente, sino que también amenazan el acceso al agua potable, profundizan desigualdades y permiten la extranjerización de nuestros recursos. Además, hay graves riesgos sociales y económicos, especialmente para las comunidades costeras”, denunciaron organizaciones que integran un vasto colectivo, reunidas en el Foro por la Recuperación del Paraná y el Encuentro Federal por la Soberanía.
“La explotación de los ríos Paraná y Paraguay, pone en riesgo el acceso y control de los recursos y, es un ataque a la soberanía como pueblo”, remarcan.
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