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Vicentin recibió una oferta millonaria por parte del grupo chileno Ultramar para ceder su negocio portuario en Rosario

La firma chilena propuso comprar el 10,2% de las acciones en TPR y Playa Puerto. El juez y la sindicatura deben resolver si autorizan la venta

El proceso de desguace ordenado por la Justicia para cubrir el gigantesco pasivo de Vicentin sumó un nuevo capítulo. La agroexportadora, que desde fines de 2019 arrastra un default de más de u$s1.500 millones, recibió una oferta formal del grupo chileno Ultramar para quedarse con el control de dos de sus activos vinculados a la logística portuaria en Rosario. Se trata de Terminal Puerto Rosario (TPR) y Playa Puerto, donde la firma concursada aún posee una participación minoritaria.

La propuesta fue ingresada al expediente judicial y está siendo analizada por los interventores designados en el concurso. Según confirmaron fuentes del proceso, Ultramar, que ya controla el 50% de ambas sociedades, ofreció u$s2,38 millones para comprar el 10,2% restante que aún conserva Vicentin. El desglose contempla u$s500.000 por las acciones de TPR y u$s1,887 millones por Playa Puerto. El planteo aún no fue dictaminado por la sindicatura ni por el Comité de Control, aunque los administradores judiciales ya adelantaron que consideran “necesaria la realización de activos no esenciales” para reforzar la débil caja de la empresa.

Una alianza que nació hace más de una década

La relación entre Vicentin y Ultramar comenzó en 2012, cuando la agroexportadora, entonces en plena expansión, selló un acuerdo con el holding chileno para operar de manera conjunta Terminal Puerto Rosario. En aquel momento, Vicentin tenía el control operativo y un 30% del capital, participación que con el tiempo se fue diluyendo hasta quedar en un 10,2% formal, aunque mantuvo influencia vía otras sociedades del grupo.

El negocio conjunto incluyó también la creación de Playa Puerto SA, una firma orientada al desarrollo logístico extramuelle en terrenos adyacentes a TPR, clave para el movimiento de granos y cargas generales en una de las zonas neurálgicas de la agroindustria argentina.

Pero el escenario cambió radicalmente a partir del colapso financiero de Vicentin. En 2024, Inversiones Portuarias Andinas Limitada, una subsidiaria de Ultramar, ya había comprado la mitad del paquete accionario. La nueva propuesta busca ahora quedarse con la totalidad, lo que formalizaría una situación que en los hechos ya se verifica: el grupo chileno tiene el control administrativo de las decisiones en TPR.

Un activo logístico estratégico en disputa

El interés de Ultramar por el Puerto de Rosario no es casual. Se trata de uno de los principales polos exportadores del país, por donde sale cerca del 80% de los granos, aceites y subproductos que produce la agroindustria argentina. TPR, en particular, posee 1.600 metros de frente de atraque, una plazoleta de contenedores con capacidad Reefer, almacenes de cargas peligrosas y graneles, y más de 65 hectáreas de apoyo operativo.

Playa Puerto, por su parte, es una plataforma logística clave que complementa las operaciones de TPR, ubicada en una zona estratégica del Gran Rosario.

Ambos activos eran considerados por Vicentin como herramientas para fortalecer su operatoria exportadora. Pero en la coyuntura actual, marcada por la necesidad urgente de fondos líquidos, pasaron a integrar la lista de bienes no estratégicos que pueden venderse sin afectar el funcionamiento básico de la firma.

Cramdown en marcha y definición a la vista

Mientras analiza la venta de su parte en el puerto, Vicentin transita la etapa más sensible del cramdown, el mecanismo judicial que habilita a terceros a presentar planes de salvataje financiero y operativo. Cinco empresas siguen en carrera para quedarse con el control de la agroexportadora: Bunge, Grassi, Unión Agrícola de Avellaneda y la alianza conformada por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC).

El próximo paso será la presentación del informe técnico del evaluador designado, prevista para fines de agosto, que permitirá al juez habilitar la votación de los acreedores. Serán ellos quienes definan si alguna de las ofertas permite rescatar una compañía que, tras casi cinco años de concurso, busca una salida definitiva.

Mientras tanto, la estrategia de los interventores apunta a maximizar ingresos por la venta de activos no estratégicos, mantener la operación vía contratos de fasón y preservar fuentes de trabajo. La venta del paquete accionario en TPR y Playa Puerto se enmarca en esa lógica: desprenderse de activos valiosos pero prescindibles para tratar de sostener lo esencial. El final del proceso, aseguran en el juzgado de Reconquista, se conocerá antes de que termine el año.

Fuente, Ámbito Financiero

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