El Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) de la ciudad de Córdoba dictó ayer la sentencia condenatoria a prisión perpetua para los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobos resolvieron que Videla es responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (30 hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real), y tormentos seguido de muerte (un hecho). La sentencia le impone la prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, más accesorias legales y costas, y se ordena el inmediato alojamiento en la unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
En cuanto a Menéndez, el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, los delitos que se le atribuyen son los de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real). También es responsable por imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (38 hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (30 hechos en concurso real), tormentos seguido de muerte (un hecho) y lesiones graves calificadas (un hecho) todo en concurso real.
En cuanto al cumplimiento de la pena, el Tribunal ordenó que Menéndez sea sometido a una inmediata junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba, a los fines de determinar si se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia.
No fueron los únicos
Por estos hechos que comenzaron a juzgarse el 2 de julio, los camaristas también sentenciaron a prisión perpetua a los militares Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Alsina, Pedro Mones Ruiz y Miguel Ángel Pérez. El máximo de la pena se extiende a los ex policías Carlos Yanicelli, Miguel Ángel Gómez, Luis Lucero, Calixto Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Ramón Molina.
En cuanto a los restantes imputados, Hermes Rodríguez purgará una condena de 12 años; José San Julián, 6 años; Juan Húber, 14 años; Víctor Pino Cano, 12 años; Carlos Hibar Pérez 10; Mirta Antón 7 y Fernando Rocha 8 años. Asimismo se absolvió a Osvaldo Quiroga, Francisco D’Aloia, Cayetano Rocha, Luis Alberto Rodríguez, José Paredes, Luis Merlo y Gustavo Salgado.
La lectura de la sentencia fue seguida con expectativa en las afueras de la sede de Tribunales Federales por agrupaciones de derechos humanos y representantes de distintas organizaciones sociales. Se destacó la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Edaurdo Duhalde; el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la titular de la delegación de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres.
En este proceso se juzgó sobre la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la ley de fugas, además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones políticas opositoras en 1976.
